Es este capítulo del libro Ciudad, urbanización y urbanismo en el siglo XX venezolano, su autor muestra los avances en la ocupación y urbanización del territorio descritos en el texto de Marco Negrón, al tiempo que bosqueja los cambios funcionales y sectoriales significativos en la ciudad venezolana. En este ensayo se construye una suerte de marco histórico e institucional del urbanismo, la planificación y el ordenamiento a lo largo del siglo XX.
Antecedentes decimonónicos: Ministerio de Obras Públicas y arte urbano guzmancista
Si bien la cristalización del urbanismo ocurrió al promediar la década de 1930, es inevitable, en el dominio urbano, rastrear antecedentes desde finales del siglo XIX, tal como ya advertimos en la introducción de este volumen, al cuestionar el aserto de Mariano Picón-Salas de que el siglo XX comenzó en Venezuela a la muerte de Juan Vicente Gómez. Incluso más temprano, hay nociones, instrumentos e instituciones coloniales y de la temprana república que exceden empero el alcance temporal de este libro. Entre estos destacan: las ordenanzas de policía urbana, heredadas de la colonia; precedido por la Academia de Matemáticas en el albor republicano de 1830, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), decretado en 1860 y reglamentado al año siguiente; y las juntas de fomento que desde mediados del siglo promovían y supervisaban las obras asumidas por el Ministerio de Fomento desde 1863, a través de sus secciones de Ornato de las Poblaciones y Vías de Comunicación, Acueductos y Obras Marítimas [1]. Después de ello, las contribuciones decimonónicas seminales para la venidera disciplina fueron las reformas urbanas promovidas durante el guzmanato (1870-1888), ciclo dominado, como sabemos, por Antonio Guzmán Blanco.
Al igual que en el terreno político, la figura del también llamado Ilustre Americano ha sido controvertida en el campo urbano, porque parte de su proyecto se ha visto como la autocrática preparación de un festín pretencioso, epitomado en la Exposición Nacional de 1883, conmemorativa del primer centenario del natalicio del Libertador [2]. Sin embargo, el arte urbano guzmancista requiere, a mi juicio, de una apreciación más ponderada. En consonancia con la búsqueda de progreso y civilización liderada por el estadista liberal, infraestructura y ornato fueron las dos vertientes principales de un proyecto modelado por el propio Guzmán. Esos ideales se condensaron en el concepto de obras públicas, una de las principales contribuciones del guzmanato a la administración urbana en Venezuela. Con sus divisiones de «vías de comunicación y acueductos», junto a «edificaciones y ornato de pueblos», el Ministerio de Obras Públicas (MOP), desde su creación en 1874 —antes que en países más avanzados de América Latina— compendió las dos caras, progresista y civilizadora, del proyecto del gobernante. Al proveer infraestructura a lo largo y ancho de la geografía, el MOP devino el primer órgano nacional dirigido a urbanizar un país ignoto, muchas de cuyas comarcas rurales habían permanecido intactas desde la colonia. Y además de apuntalar el urbanismo futuro mediante la comunicación y el embellecimiento de pueblos, la «obra pública» permitió por vez primera en Venezuela la aplicación de la expropiación por causa de utilidad pública [3].
Tributarias de los grands travaux acometidos por el barón de Haussmann en el París del Segundo Imperio, el cual visitaran Guzmán y Juan Hurtado Manrique, su arquitecto favorito, las obras públicas contemplaron, a nivel local, grandes edificios gubernamentales, civiles y religiosos, tras la reconciliación del adalid liberal con la Iglesia católica. Allende las ciudades, el proyecto guzmancista conllevó vastas infraestructuras territoriales, desde los acueductos hasta los ferrocarriles. Tan solo en la década de 1880 se firmaron 29 contratos con empresas privadas, los cuales abarcaban 5.000 kilómetros; sin embargo, solo ocho contratos fueron realizados: se cubrieron 13 rutas en cerca de 1.000 kilómetros [4]. Entre estas destacaron, junto al ferrocarril Caracas-La Guaira (1883) y otros en las cercanías capitalinas, el Caracas-Valencia o «Central» (1886), La Ceiba-Sabana de Mendoza (1887) y Valencia-Puerto Cabello (1888). Si bien los caminos de hierro terminaron desarticulados y fallidos en entre siglos, sobre todo en sus finanzas, es innegable que el proyecto ferrocarrilero promovido por el Ilustre Americano difundió por Venezuela uno de los grandes inventos de la era industrial, articulando por vez primera los circuitos productivos [5].
Junto a las infraestructuras territoriales y las obras arquitectónicas, criticadas estas por su eclecticismo, pero renovadoras en todo caso del estilo colonial, el arte urbano guzmancista desplegó una batería de ordenanzas, reglamentos y decretos que ampliaron y secularizaron la «policía urbana» en Caracas, Valencia y otras ciudades. Piedra angular de esta policía municipal fue la noción de higiene, asomada a la sazón en tratados como el de José Manuel de los Ríos [6]. Y aunque le faltaba mucho por avanzar desde el punto de vida médico y normativo, esa noción prefiguraba, desde la administración local, la preocupación sanitaria, seminal para la constitución del urbanismo técnico [7].
Congreso de Municipalidades y agenda urbana del gomecismo
Tendiendo a cambiar su advocación a saneamiento, esa higiene de base local sería asumida como cuestión nacional al iniciarse el régimen de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Casi siete meses después de llegar este al poder, el 14 de agosto de 1909 el Congreso le confirió facultades para emprender los trabajos necesarios de cara a «organizar la Higiene Pública en todo el país, de acuerdo con los principios científicos modernos y la práctica establecida en los países civilizados» [8]. Pocos días más tarde, la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública (1909) desbrozó el camino para que el gobierno llevara adelante «todas las obras concernientes al saneamiento de las poblaciones o su ensanche y reforma interior» [9].
Significativo para consolidar ese saneamiento fue el Congreso de Municipalidades, convocado por el nuevo gobierno en 1911, para el cual el doctor Luis Razetti, adalid del movimiento higienista de entre siglos, fue designado presidente de la comisión organizadora, secundado por Francisco Antonio Rísquez, quien estaba encargado de la Comisión de Sanidad y Régimen Hospitalario. Al resaltar la importancia de los congresos para el avance científico, la comisión enfatizó la importancia de este evento para los órganos locales, dado que la administración municipal no podía seguir siendo considerada como un arte, sino como una ciencia:
En lo municipal esto es aún más estricto, porque el gobierno de la Comuna no es asunto de arte, sino que es aquel ramo preciso de la ciencia administrativa al que incumbe la doble tarea esencial de ajustar a equidad el arbitrio e inversión de la renta y de educar el espíritu municipal, espíritu de equidad y pulcritud, mediante cuyo insustituible estímulo la ciudad y la aldea crecen sana y armoniosa y conscientemente, atribuyendo a higienistas, a ingenieros, a economistas, el cuidado de la salud común, el de las obras de saneamiento, comunicación y ornato y el de distribuir con suficiencia y decoro la renta indispensable a las más urgentes necesidades del municipio. O, expresándolo de otro modo, el gobierno comunal es la ciencia de civilizar y urbanizar una comunidad con los propios recursos de la región, y de crear, equitativamente, la autonomía económica de la entidad administrativa… [10]
La comisión organizadora respaldó el austero pero modernizador programa de obras públicas, cuyas prioridades alteraron el legado guzmancista. El énfasis ornamental de este había sido mantenido desde entonces, puede decirse, por los gobiernos de Joaquín Crespo (1892-1898) y Cipriano Castro (1899-1908), entre otros, con algunos cambios en las comunicaciones regionales; en este último sentido se intentaron proyectos de funiculares, muchos de cuyos contratos quedaron inconclusos [11]. A nivel normativo, significativa también fue la consignación ante el CIV, en 1898, de las Notas para el código de construcciones en lo relativo al alineamiento de las construcciones en la vía pública, elaboradas por el ingeniero Ricardo Razetti Martínez, que se pueden ver como el antecedente de una ordenanza urbanística en el país [12]. Y en este incipiente pero importante avance disciplinar, no debe olvidarse que, en el mismo año 1898, el CIV publicó seis números de la revista El Ingeniero [13].
Refrendadas ahora por los expertos, las prioridades del nuevo gobierno de Gómez se explicitaron: saneamiento, comunicación y ornamentación, secuencia corroborada en las conclusiones del Congreso de Municipalidades [14]. En relación con el saneamiento, la Comisión de Sanidad y Régimen Hospitalario propuso un borrador de Plan de Higienización Nacional, el cual debía ser confiado a los «verdaderos apóstoles de la Higiene». Aunque aparentemente el proyecto no se llevó a cabo, el reglamento de Sanidad recomendado sí fue aprobado el 11 de julio de 1912 [15].
Si bien había tratado con acueductos y otros servicios desde las administraciones de Guzmán Blanco, el MOP amplió sus responsabilidades sanitarias mediante la inclusión de «obras de saneamiento», que pasaron a ser una sección permanente desde 1918; a partir de 1934 las «obras sanitarias» absorbieron cada vez más los otros servicios de infraestructura, hasta que la Dirección de Obras Hidráulicas fue finalmente creada en 1940. Paralelamente con los cambios internos del MOP, otras instituciones se incorporaron al programa sanitario: el Consejo Superior de Higiene y Salubridad Pública (1910), la Oficina de Sanidad Nacional (1911), el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría (1930), incluida una dirección especial para el Distrito Federal, y finalmente el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), en funcionamiento durante buena parte del siglo XX [16].
Junto a una higiene pública que se convertía en saneamiento, las comunicaciones reemplazaron el proyecto ferrocarrilero por uno carretero. Este último no debe ser atribuido a la bonanza petrolera por venir, como a veces se ha hecho de manera injusta, puesto que la vialidad no solo fue resaltada por el congreso de 1911, sino que había sido priorizada en el famoso decreto de 1910. Emitido por Gómez y refrendado por el ministro Román Cárdenas —fundador de la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas (1911)—, el decreto establecía que el 50 % del presupuesto sectorial sería para «atender a los gastos de estudio de la red general de vías de comunicación del país y a los de construcción, conservación y mejoras de las vías principales» [17]. En consonancia con dicho decreto, el mismo año fueron creadas tres comisiones científicas exploradoras de las regiones Central, Oriental y Occidental del territorio nacional: los ingenieros Manuel León Quintero y Andrés Palacios Hernández se encargaron de la Región Central; a Manuel Cipriano Pérez y Pedro B. Pérez se les comisionó la Región Oriental; Alfredo Jahn hijo y L. Hedderich quedaron a cargo de la Región Occidental [18]. Estas comisiones establecieron los criterios para el diseño de «carreteras centrales» macadamizadas, que pasaron a articularse como «troncales» en la década de 1920.
Por lo demás, el eclipse de la ornamentación guzmancista durante el gomecismo no significó un abandono de monumentos públicos, sino más bien un giro de la pomposidad citadina hacia modestos edificios provinciales [19]. Ello se completó con la vivienda —otro componente fundamental para la cristalización del urbanismo en cualquier contexto— mediante la creación, en 1928, del Banco Obrero. Junto a los avances sectoriales, valga resaltar que en el terreno profesional las ya mencionadas leyes de sanidad y obras públicas se acompañaron con la Ley de Ejercicio de las Profesiones de Ingeniero, Arquitecto y Agrimensor (1925), que trató de controlar algunas irregularidades en la formación y competencias del creciente número de profesionales venezolanos [20].
Esas prioridades del régimen a nivel nacional —saneamiento y comunicaciones, ornamentación y vivienda— se completaron, a nivel local, con una agenda sobre tránsito, ornamentación y expansión urbana en Caracas y otras ciudades. Incontables ordenanzas y reglamentos sobre circulación citadina se combinaron con regulaciones sobre casas de vecindad, así como nuevas ordenanzas de arquitectura civil [21]. No olvidemos en este sentido que la Constitución nacional de 1925 estableció que la provisión de servicios urbanos era la primera competencia de las municipalidades, las cuales debían «Organizar sus servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público, acueductos, tranvías urbanos y demás de carácter municipal»; y en relación con la higiene, las competencias municipales serían compartidas con el gobierno federal [22]. Por todo ello, puede decirse que tanto en las prioridades nacionales sentadas desde el Congreso de Municipalidades, como en el programa local del gomecismo, se disponían todos los ingredientes para emprender reformas propiamente urbanísticas que permitieran cristalizar la disciplina. Pero esta advendría con la restauración democrática.
Urbanismo de base local
Dentro de ese marco legal e institucional de las postrimerías gomecistas, la agenda urbana continuó consolidándose en términos de obras públicas y proyectos que prefiguraban la disciplina por cristalizar. Así se evidenció en el Zulia bajo el patrocinio de las compañías petroleras, sobre todo durante la Presidencia regional de Vincencio Pérez Soto, entre 1926 y 1935. En Maracaibo destacaron la renovación del Teatro Baralt y la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, junto con los nuevos malecones financiados por la compañía Raymond Concrete Pile [23]. Carentes de un plan urbanístico integral, puede afirmarse que tales operaciones urbanas respondían todavía a las nociones de «ornamentación municipal» y «arquitectura civil», previstas en la Constitución de 1925, como se dijo, en tanto competencias municipales, junto con los servicios públicos y la policía urbana [24]. Significativa muestra de este emergente urbanismo de base local fue la creación de Ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago de Maracaibo, decretada en enero de 1937 por el gobierno de Eleazar López Contreras (1935-1941), de cara a albergar en tierra firme a los habitantes de Lagunillas de Agua. El incendio de esta última apuró la fundación de la emergente ciudad en la costa oriental del lago, con apenas 20 viviendas y servicios básicos en su etapa inicial [25].
Superando el retardo en la cristalización de la disciplina —instituida ya en capitales y países latinoamericanos desde mediados de la década de 1920— [26], en abril de 1938 se creó la Dirección de Urbanismo (DU) en la Gobernación del Distrito Federal (GDF). Tras escribir al Colegio de Ingenieros de Venezuela, en abril del año anterior, pidiendo asesoría para «desarrollar científicamente» los servicios públicos de la DGF, y siguiendo al parecer una solicitud del presidente López Contreras, el gobernador Elbano Mibelli instituyó la nueva dependencia [27]. Apoyándose en recursos técnicos y económicos de la antigua Ingeniería Municipal, la DU estaba destinada a ser —más que un simple controlador del crecimiento capitalino— una agencia de planificación que debía elaborar un plan inmediatamente. Tal como establecía la justificación de la resolución legal del gobernador:
Por cuanto la ciudad de Caracas acusa un creciente aumento de población y una sensible extensión de su área urbana, complicándose cada vez más los problemas típicos de una gran urbe floreciente, cuyo ensanche y ornato están al margen de un plan armónico de desarrollo científicamente estudiado; y por cuanto Caracas no debe aplazar más su vital necesidad de ser urbanizada conforme a un vasto programa que solucione con eficacia la marcha regular de los servicios públicos de la población y prevea su futuro de una gran ciudad moderna…
El principal objetivo de la DU era el «estudio, confección y ejecución del amplio Plan de Urbanismo para la Ciudad de Caracas» [28].
Aunque se suponía que estuviera encabezada por un ingeniero, el primer director de la Dirección de Urbanismo fue de hecho el arquitecto Guillermo Pardo Soublette, y su colega Enrique García Maldonado fue designado arquitecto oficial [29]. El equipo fue respaldado por una nueva Comisión Técnica de Urbanismo, integrada por «expertos nacionales cuyas funciones, en razón de su profesión y vasto conocimiento de la Ciudad los ponía en capacidad de apreciar particularmente los problemas locales y sus convenientes soluciones», explicaría más tarde Mibelli al Concejo Municipal del Distrito Federal [30]. Los expertos seleccionados fueron Carlos Guinand Sandoz, Carlos Raúl Villanueva y Gustavo Wallis; el ingeniero Edgar Pardo Stolk, de la Dirección de Edificios y Obras de Ornato; el ingeniero Leopoldo Martínez Olavarría, de la Ingeniería Municipal; Pardo Soublette y García Maldonado de la DU, y el propio Mibelli, aunque no mencionara su nombre a los concejales [31].
La nueva maquinaria urbanística de la GDF fue completada desde el inicio con la asesoría de profesionales franceses: el mismo día en que se creó la DU, también se celebró un contrato con la oficina parisina de Henri Prost, Jacques Lambert y Maurice Rotival, quienes debían suministrarle «al nuevo servicio opiniones autorizadas y aquellos programas técnicos necesarios a la buena marcha de los estudios», así como enseñar a los ingenieros que en el futuro pudieran colaborar con el gobierno [32]. De esa asesoría surgió el primer plan urbano de Caracas, coordinado por el urbanista Rotival y hecho público en 1939, en el número inicial de la Revista del Concejo Municipal del Distrito Federal [33]. De conceptos modernos, como correspondía al momento de su gestación, pero con obras monumentales más bien academicistas, el así llamado Plan Rotival quedó en buena medida irrealizado [34].
Más allá del plan y sus vicisitudes, la creación de la DU y Comisión Técnica de Urbanismo no solo fue el primer paso gubernamental hacia la transformación caraqueña, sino además constituyó un hito en la institucionalización del urbanismo de base local. Como lo reconocería el propio Rotival años después, el primer «equipo venezolano» en la materia había nacido, lo que también representaba un importante avance para una profesión arquitectónica llamada por vez primera a asumir su función en la planificación urbana, en un medio hasta entonces dominado por ingenieros civiles [35]. Al mismo tiempo, la justificación rentística y funcional de la renovación urbana contenida en el primer plan de Caracas fue respaldada por la concepción del urbanismo como un equilibrio entre las llamadas «obras de ornato» y las «obras necesarias» [36]. Así parecían entrelazarse los mencionados antecedentes del urbanismo venezolano: por una parte el arte urbano guzmancista, con herencia de ornato y urbanidad; por la otra, los componentes «necesarios» legados por la agenda sanitaria, comunicacional y habitacional del gomecismo [37].
CNU, planificación nacional y planos reguladores
La consolidación disciplinar durante el decenio democrático de López Contreras y Medina Angarita se apoyó en una plataforma académica, profesional y administrativa conducente a la planificación. En medio de una especialización de profesiones relacionadas con el urbanismo, cabe señalar la creación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Central de Venezuela, incluyendo escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias, así como la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Zulia en el mismo año de 1946. Tras la fundación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos en 1947 y la graduación de la primera promoción al año siguiente, finalmente se creó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1953 [38].
Si bien la antigua Dirección de Urbanismo de la Gobernación del Distrito Federal sobrevivió con diferentes nombres hasta 1948, la Junta de Gobierno que asumió a la caída de Medina encargó la planificación de las principales ciudades a nuevas instituciones de alcance nacional. Creadas por un mismo decreto el 10 de agosto de 1946, la Comisión Nacional de Urbanismo (CNU) y la Dirección de Urbanismo del MOP, suerte de brazo ejecutivo de aquella, fueron muestras de la importancia adquirida por la naciente disciplina en la administración pública [39]. Esa relevancia fue confirmada por la incorporación, en la Constitución de 1947, del urbanismo como competencia pública del Estado y los municipios, sin desmedrar la propiedad e iniciativa privadas [40]. No solo se trataba de uno de los primeros casos en América Latina, sino que colocaba a Venezuela en paralelo con Gran Bretaña, donde el mismo año se promulgó la Town and Country Planning Act, convirtiéndonos acaso en el país latinoamericano más avanzado en planificación territorial [41]. Si bien esa competencia pública en urbanismo sería recogida en la Constitución de 1961, la conformación de una legislación en esa materia no encontró un clima institucional favorable en las décadas por venir; habría que esperar hasta 1987, cuando se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, como veremos.
Gracias en buena medida a la actuación de Leopoldo Martínez Olavarría como presidente, la CNU tendió a sustituir la afrancesada orientación de los primeros urbanistas venezolanos con una planificación de corte anglosajón [42]. Entre sus asesores se contaron el planificador californiano Francis Violich, promotor de la utilización de instrumentos como la ordenanza de zonificación; así como el ingeniero estadounidense Robert Moses, que Nelson Rockefeller trajo al país en 1947, autor de un plan de circulación arterial para Caracas. También estuvo el arquitecto catalán José Luis Sert, domiciliado en la Universidad de Harvard y diseñador de unidades vecinales de orientación funcionalista [43]. Desde finales de la década de 1940, otro asesor internacional fue nuevamente Maurice Rotival, quien —a diferencia de lo argumentado en su visita en el decenio anterior— preconizó entre sus colegas venezolanos las bondades de la planificación regional de filiación norteamericana [44].
La aproximación funcionalista a la planificación urbana se evidenció en rasgos de los así llamados «planos reguladores», elaborados por la CNU para importantes ciudades venezolanas: Caracas, Maracaibo y Barquisimeto en 1951; San Cristóbal y Ciudad Bolívar en 1952; Valencia y Los Teques en 1953; el Litoral en 1954; Maracay, Puerto Cabello y Puerto Ayacucho en 1955 [45]. A pesar de que se les denominaran «planos», se trataba de planes que distribuían el espacio necesario y la intensidad de desarrollo para los diferentes usos, señalando áreas de vivienda, comercio, industria, recreación y públicas, así como para el sistema vial, que incluía autopistas, avenidas y calles principales. Se reconocían los diferentes tipos y las categorías de los usos, así como su localización más conveniente [46].
Siguiendo principios de la Regional Planning Association of America y de la Carta de Atenas (1944) resultante de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), atribuida a Le Corbusier —antecedentes conocidos por Rotival—, la región fue finalmente incorporada como ámbito contextual de los planos reguladores. Pero por contraste con la relación entre espacio construido y libre que anteriormente servía de base a las ordenanzas, la funcionalidad y la renta del suelo devinieron variables clave en el énfasis puesto por Violich sobre el zoning (zonificación) como instrumento de sectorización y control urbanístico [47]. Por estas variantes locales, la CNU fue el primer organismo de alcance nacional en Venezuela, con respaldo de la competencia urbanística establecida en la Constitución. Y en el marco de esa visión nacional fueron conjugadas —prefigurando el desiderátum de la planificación estratégica en el fin de siglo— los proyectos en el espacio urbano con los lineamientos de la planificación territorial a mediano y largo plazo [48].
Cordiplan, sistema de ciudades y regionalización administrativa
Para cuando la democracia retornó en 1958, parte de las funciones de la desaparecida CNU habían sido asumidas por la Dirección de Urbanismo del MOP desde el año anterior, así como las más amplias por la Oficina Central de Coordinación y Planificación (Cordiplan), creada en el mismo 1958. Entre las competencias legales de esta última se contaban, de acuerdo con el decreto de creación, «proponer los lineamientos generales de la planificación física y espacial de escala nacional, y coordinar conforme a dichos lineamientos la planificación que se hiciere a escala regional y urbanística, a través de los respectivos organismos subalternos de planificación» [49]. Con ello, como resaltó Víctor Fossi, «se reconocía la importancia de la cuestión espacial para la planificación nacional y, al mismo tiempo, que el sistema de ciudades proporciona la noción rectora de ordenación del territorio» [50]. Cabe asimismo señalar que Cordiplan fue el primer organismo que, a través de los planes de la nación y la planificación centralizada, vincularía el desarrollo económico con el ordenamiento territorial, en la tónica preconizada en el aménagement francés, emparentado con el soviético.
Antes de cambiar su nombre a Dirección de Planificación en 1963, la oficina antecesora desarrolló los planos reguladores de La Victoria en 1957, así como los de Guarenas, Guatire, Caucagua y Río Chico al año siguiente [51]. Sin embargo, parte de ese equipo del MOP tendió entonces a dejar la planificación urbana en manos de los municipios, a objeto de concentrarse en el «sistema de ciudades» a nivel territorial, apoyándose para ello en las bases de información provistas por Cordiplan, el Banco Central y los censos [52]. Para esa nueva aproximación, entre 1959 y 1960, se contrataron asesores extranjeros como Hubert Bennett, del Greater London Council; Frederick Gibberd, planificador de la nueva ciudad de Harlow, en Inglaterra, y Lloyd Rodwin, autor de The British New Towns Policy (1956) y posterior colaborador en Ciudad Guayana. Otras referencias británicas, como el Plan de Londres elaborado por Patrick Abercrombie, junto al famoso informe Traffic in Towns, producido por la comisión coordinada por Collin Buchanan, también circulaban en la Dirección de Urbanismo [53].
La influencia inglesa se dejó sentir asimismo en las orientaciones y herramientas para controlar la expansión del Área Metropolitana de Caracas (AMC), creada el 13 de octubre de 1950. En diciembre de 1958 fue decretada la protección de 66.000 hectáreas del Parque Nacional El Ávila, ampliadas a 81.000 en otro decreto de marzo de 1974; entretanto, fue creada la Zona Protectora del AMC en marzo de 1972. Estas figuras parecían emular la concepción del Green Belt contemplado en el Gran Plan Regional de Londres (Greater London Regional Plan) de 1943-1944, coordinado por Patrick Abercrombie. También las new towns o nuevas ciudades británicas estuvieron en sintonía con los decretos de Ciudad Fajardo y Ciudad Losada (1958), para la última de las cuales fue contratada la empresa inglesa Leweling Davis, por parte del MOP [54].
Apoyado por un creciente número de profesionales con posgrados en urbanismo y áreas afines, y reforzados desde mediados de la década de 1970 con el funcionamiento de la carrera de Urbanismo en la Universidad Simón Bolívar, el catálogo de la planificación experimentó avances significativos. Hacia 1962 se produjo un cambio en la denominación y concepción de los planes e instrumentos —Plan de Desarrollo Urbano, Plan Piloto y Ordenanza de Zonificación—, los cuales conformaron una nueva tipología que se entreveraba con los antiguos planos reguladores. Aunque de manera algo equívoca y solapada con estos últimos, la nueva tipología —de la que se elaboraron Planes de Desarrollo Urbano para Barquisimeto, Maracay y Maracaibo, por ejemplo— daba cuenta de cierta incorporación de la dimensión temporal, tal como ocurría en el planeamiento internacional en la década de 1960. Puede decirse asimismo que los planes representaron un intento por adoptar la racionalidad integral de la comprehensive planning, al tiempo que, a diferencia de los planos reguladores, apoyaron las tendencias urbanas resultantes de la industrialización venezolana [55]. También evidenciaron la asimilación de la ordenanza de zonificación como principal instrumento de control urbanístico, herencia de la influencia de Violich en la CNU.
La plataforma del sistema de ciudades y el ordenamiento territorial se reforzaron con la división de Venezuela en regiones administrativas, establecidas legalmente en 1969, pero operativas desde comienzos de la década. Los entes regionales de desarrollo fueron liderados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), creada en 1960 por el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964) bajo la Presidencia del general Rafael Alfonzo Ravard, institución que devino promotora y ejecutora del desarrollo en el cuadrante suroriental del país, el menos poblado desde la colonia. Al conectar el desarrollo económico y social, por un lado, con el sistema urbano y urbanístico, por el otro, la CVG se asemejaba a otras corporaciones latinoamericanas de la era desarrollista. Estas eran reminiscentes, a su vez, de las aparecidas en Estados Unidos desde la Tennessee Valley Authority (TVA) de Franklin D. Roosevelt, así como de las europeas tras la Segunda Guerra Mundial [56].
Desde el punto de vista urbano, el proyecto bandera de la CVG fue la fundación de Ciudad Guayana en 1961, primer núcleo latinoamericano que resultó de un plan nacional de desarrollo dirigido a la transformación industrial in situ [57]. El diseño urbano siguió las orientaciones modernistas de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), respaldadas por un equipo local encabezado por Alfonso Ravard, cuyo egreso del MIT le facilitó contactar con asesores extranjeros como el ya mencionado Rodwin y John Friedmann. No obstante el declive en el largo plazo de la productividad industrial del complejo, el hecho de pasar a ser la principal metrópoli venezolana al sur del Orinoco —alcanzando la sexta posición en 1990— confirma que Ciudad Guayana cumplió con su cometido de polo regional en términos demográficos, aunque sea más discutible en el terreno industrial [58].
Más allá del emblemático proyecto de Ciudad Guayana, Venezuela promovió la incorporación del territorio a la planificación económica. Impulsados por el ejemplo del Estatuto Orgánico del Desarrollo de Guayana que dio origen a la CVG, se consolidó, entre 1964 y 1970, una «regionalización por cuotas», promovida desde los niveles locales de gobierno; este impulso llevó a la constitución de organismos regionales que eventualmente fueron reconocidos por la administración central: la Corporación de Desarrollo de los Andes (Corpoandes), el Consejo Zuliano de Planificación y Promoción (Conzuplan), la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental (Fudeco, 1964) y la Corporación para el Desarrollo de la Región Nororiental (Corporiente, 1970) [59].
Este proceso fue reforzado desde la administración central durante el gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), cuando se promulgó, el 12 de junio de 1969, el decreto de regionalización administrativa, que dividió el territorio nacional en ocho regiones que reagrupaban los estados político-administrativos; a saber: Capital, Central, Centrooccidental, Zuliana, los Andes, Sur, Nororiental y Guayana [60]. En este nuevo marco territorial fue creada Corpozulia, en 1969, así como, tres años más tarde, la Corporación de Desarrollo de la Región de Occidente (Corpoccidente). Al mismo tiempo, el gobierno de Caldera puso en marcha el programa «La conquista del sur», buscando incorporar «el estado Bolívar y el entonces Territorio Federal Amazonas a los beneficios del desarrollo sustentable» [61]. Si bien las nuevas regiones no sustituyeron la importancia político-administrativa de los estados que agrupaban, y sufrieron ajustes en 1972, 1974 y 1980, puede decirse que esta conformación territorial demostraba la importancia de la regionalización en el proceso de desarrollo, tal como ocurría en otras partes de Latinoamérica [62].
Centralización y ordenamiento, descentralización y gobernabilidad
El proceso de planificación urbana, regional y territorial dio muestras de avances durante las décadas de 1970 y 1980, al tiempo que se enmarcaba en la planificación económica y sectorial orquestada desde Cordiplan. Si bien esta adoptó lineamientos espaciales y territoriales en el V Plan, el reforzamiento de la administración central contemplado desde la Ley Orgánica de Administración Central (LOAC) de 1976 llevó a un sobredimensionamiento de sus competencias en detrimento del nivel local. En el frenesí de la «Gran Venezuela», durante la primera Presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), eso se evidenció con la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM, 1978), la cual planteó que los Planes de Desarrollo Urbano Local (PDUL) fueran aprobados por el recién creado Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur), en «flagrante violación a la autonomía municipal reconocida por la Constitución» [63]. Sin embargo, como gran avance, debe reconocerse que la LORM legitimó la participación de movimientos y organizaciones vecinales en el proceso de planificación urbana [64]. Con ello se fortaleció, por lo demás, la presencia de tales grupos en otros ámbitos sociopolíticos durante las décadas de 1970 y 1980, hasta que comenzaron a ser cooptados por los partidos políticos tradicionales.
La prevalencia de la administración central en el urbanismo fue confirmada con el famoso decreto N° 668, del 4 de julio de 1980, que establecía Planes Rectores de Desarrollo Urbano, a cargo del Mindur. Al definir en sus contenidos la delimitación del área urbana, así como el uso del suelo y sus intensidades; la precisión de las áreas o unidades mínimas de urbanización; las determinaciones sobre aspectos ambientales y de actividades urbanas; las acciones que los organismos públicos realizarían en el ámbito determinado por el plan, así como las áreas de expansión de las ciudades, el modelo de los planes rectores fue asociado con los llamados «planes estructurales» ingleses [65].
En efecto, esos structural o strategic plans servían de marco de referencia a planes locales, los cuales conformaban un sistema de dos niveles recogido en la Town and Country Planning Act de 1968, anclados ambos en la administración local [66]. De manera análoga, al servir los planes rectores como marco de referencia para los PDUL, el decreto N° 668 estableció en el caso venezolano un incipiente sistema de planificación en diferentes escalas y niveles de detalle [67], pero que difería del británico, pues tenía competencias distribuidas a nivel nacional y municipal, la última de las cuales era responsable de elaborar los PDUL. Sin embargo, las endémicas debilidades financieras de la administración local solo permitieron la aprobación formal de esos PDUL en contados casos —incluyendo San Joaquín, estado Carabobo— en el marco del respectivo plan rector. Por contraste, entre 1980 y 1987 fueron elaborados y aprobados por parte del Mindur cerca de 60 planes rectores, lo cual hizo que esa complementariedad buscada por el decreto N° 668 continuara siendo precaria y desigual hasta la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (LOOU) en 1987 [68].
A contracorriente de la concentración de competencias representada por Cordiplan y el Mindur, soportada en la LOAC y la LORM, también en este período se dieron pasos hacia la descentralización y desconcentración política y administrativa. En el ámbito urbano y territorial, el 14 de noviembre de 1980 se promulgó un nuevo decreto sobre regionalización y participación de la comunidad, que contemplaba la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo Regional, así como consejos regionales en correspondencia con Oficinas Regionales de Coordinación y Planificación (Orcoplanes), las cuales quedaban bajo la coordinación de Cordiplan [69]. Aunque ya debilitado, este sistema centralizado se acompañó con la formulación del VI Plan de la Nación (1981-1985) y la promulgación, el 11 de agosto de 1983, de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOOT). Culminando un proceso de décadas que se había iniciado con el desarrollismo sectorial de corte económico, la LOOT selló, a través del Plan Nacional de Ordenación Territorial y de los planes regionales respectivos, la inserción del territorio como sustrato para la planificación del desarrollo [70].
Alineada asimismo con el proceso de descentralización, en 1984 fue creada la Comisión para la Reforma del Estado (Copre), una acertada iniciativa del gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) que puso en evidencia el agotamiento del hipertrofiado Estado rentista, corporativo y centralizado [71]. Mientras tanto, en medio de las críticas epistemológicas y políticas a la planificación centralizada propiciadas por la crisis de la deuda externa, durante la así llamada década perdida en América Latina [72], en Venezuela la «planificación estratégica situacional» fue promovida desde Cordiplan. En ese clima se formuló el VII Plan de la Nación (1986-1990), cuyos lineamientos estratégicos, concebidos desde la crisis de la deuda, parecían reversar la euforia de la «Gran Venezuela» [73]. Más tarde, la labor de la Copre llevó a las primeras elecciones de alcaldes y gobernadores en 1989, vieja asignatura pendiente en el proceso de descentralización, establecido desde hacía mucho en países de estructuras democráticas más arraigadas.
Ya para entonces la LOOT había sido sucedida por la LOOU de 1987, que estableció las figuras clave del Plan de Ordenación Urbanística (POU) y el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL). El primero estaba dirigido a las áreas metropolitanas, conurbaciones o ciudades de rápido crecimiento, mientras que el segundo quedó reservado para urbes menos grandes. Por lo demás, la LOOU contempló las figuras del Esquema de Ordenamiento Urbano para pequeños asentamientos, complementado por los Planes Especiales, destinados a transformaciones urbanas en sectores específicos de las ciudades que las requirieran [74].
Ese proceso de ordenación territorial, descentralizado hacia los niveles regional y local, marchó a la par, en el ámbito de servicios públicos, de la creación, en 1989, de Hidroven y 12 empresas regionales de agua; así como en el área habitacional, por la constitución de los Comités Estadales de Vivienda en 1993, en el marco de la Ley de Política Habitacional de 1989, la cual dispuso el Ahorro Habitacional Obligatorio, así como la creación del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi).
En concordancia con el clima neoliberal y la racionalidad empresarial llegados a Latinoamérica desde finales de la década de 1980, el rechazo de los planes normativos y centralizados tendió a favorecer los proyectos de «planificación estratégica» y/o gestión urbana, cuyo principal patrocinador en la región fue el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu) [75]. Alineados con el «Gran Viraje» de corte neoliberal, propulsado por la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), ciertos elementos de planificación estratégica fueron adoptados desde Cordiplan, como se mencionó. A nivel urbano se creó la Fundación Plan Estratégico de Caracas 2010, donde colaboraron urbanistas veteranos como Marco Negrón y Marta Vallmitjana, junto con representantes del Ejecutivo nacional, alcaldías de la ciudad, organismos públicos y empresas prestadoras de servicios; también se invitó a las universidades y academias, los gremios y colegios profesionales, junto a otras organizaciones de la sociedad civil. De las deliberaciones en torno al Plan Estratégico se concluyó que los problemas metropolitanos de Caracas y la región circundante no podrían resolverse sin atacar la ingobernabilidad resultante del fraccionamiento y superposición de autoridades [76]. Mirando asimismo hacia la planificación estratégica, desde la Oficina Local de Planeamiento Urbano del municipio Libertador, las nuevas autoridades promovieron los llamados «Planes parroquiales de ordenamiento urbano», correspondientes en parte a los «planes especiales» previstos por la LOOU de 1987.
Allende la planificación estratégica y el ámbito capitalino, la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999) propició una de las pocas oportunidades de planificación ex novo en el siglo XX en Venezuela, a saber: la fundación de Ciudad Sucre, en el municipio Páez del estado Apure, prevista para 6.000 habitantes; el proyecto estuvo a cargo de la Comisión Presidencial Coordinadora del Desarrollo Sustentable del Sur [77]. Valga en este sentido hacer notar, como otro avance disciplinar, que el paradigma de desarrollo sostenible se instauró en Venezuela durante la década de 1990. Desde el punto de vista urbano, esta sostenibilidad tendió a ser entendida como concomitante, por un lado, con la calidad de vida, según una serie de indicadores ambientales y urbanos, económicos y sociales; y por otro lado, con la sostenibilidad natural, medida esta por la «huella ecológica» de la ciudad [78].
Tras concluir su segundo mandato, el mismo Caldera puso en perspectiva lo turbulento de aquella década que le tocó cerrar, y los «terribles desafíos que ponen en peligro la gobernabilidad» [79]. Al enumerar estos últimos, junto a la pobreza, la corrupción y el desempleo, al lado del subdesarrollo, el populismo y la conversión de los partidos políticos en «organismos clientelares», el expresidente destacó, desde la perspectiva urbana:
Desafío para la gobernabilidad es el acelerado proceso de urbanización que ha llevado incontables camadas en forma irregular a hacinarse en las urbes, y que no ha sido posible ordenar porque muchas veces las condiciones no han sido apropiadas para programar en libertad proyectos bien pensados de urbanización [80].
Parafraseando a Caldera, podemos afirmar para concluir, que la acelerada urbanización de Venezuela en el siglo XX implicó no solo desafíos a la gobernabilidad política, sino también a la gobernanza, si asumimos que esta, a través de los sectores público y privado, busca el equilibrio con el desarrollo humano y la sostenibilidad. Y ciertamente son desafíos que continuará afrontando la Venezuela del siglo XXI, de cara a hacer más comprensiva —en sus modelos y alcances espacial y territorial, así como en su normativa e institucionalidad— la disciplina urbanística que surgió desde el nivel local, a partir del arte urbano guzmancista.
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Notas:
1 Eduardo Arcila Farías, Historia de la Ingeniería en Venezuela, Tomo I, 2 tomos, Caracas, Colegio de Ingenieros de Venezuela, 1961: 331-340.
2 Tales críticas son recogidas por Rafael Ramón Castellanos, Caracas 1883 (Centenario del natalicio del Libertador), 2 tomos, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1983.
3 Allan Randolph Brewer-Carías, Urbanismo y propiedad privada, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1980: 72.
4 Eduardo Arcila Farías, op. cit., II, 178.
5 Samuel Hurtado Salazar, Ferrocarriles y proyecto nacional en Venezuela, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1990; María Elena González Deluca, Negocios y política en tiempos de Guzmán Blanco, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1991. Ver también en el presente volumen el capítulo de José Manuel Olivar: «Infraestructura del transporte y las comunicaciones».
6 José Manuel de Los Ríos, Tratado elemental de higiene, Caracas, Imprenta de Espinal e hijos, 1874.
7 Arturo Almandoz Marte, Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940) (1997), Caracas, Equinoccio, Fundación para la Cultura Urbana, 2006: 73-128.
8 Gaceta Oficial, Caracas, 14 de agosto de 1909, artículo 2.
9 Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, Gaceta Oficial, Caracas, 3 de septiembre de 1909, artículo 11.
10 Actas y conclusiones del primer Congreso de Municipalidades, Caracas, Imprenta Bolívar, 1913: 11.
11 Eduardo Arcila Farías, op. cit., II, 279-309.
12 Irma De-Sola Ricardo, «Razetti Martínez, Ricardo». En: Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo III, Caracas, Fundación Polar, 1997: 818-819.
13 Eduardo Arcila Farías, op. cit., I, 348.
14 Actas y conclusiones…, op. cit., 46-47.
15 Ley de Sanidad, Gaceta Oficial, Caracas, 12 de julio de 1912.
16 En el presente volumen ver el capítulo de María Elena González Deluca: «Construcción de infraestructura de servicios y producción: puntal urbano y territorial».
17 Decreto para la construcción de las vías de la República (1910), Gaceta Oficial, Caracas, 25 de junio de 1910. En: Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, N° 1, Caracas, Academia de la Ingeniería y del Hábitat, junio 2001: 170-174, 173 (artículo 9). Disponible en: http://www.acading.org.ve/info/publicaciones/boletines.php (Consulta: 5 de abril de 2019).
18 José Alberto Olivar, Automovilismo, vialidad y modernización. Una aproximación a la historia de las vías de comunicación en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX, Caracas, Academia Nacional de la Historia, Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, 2014: 24.
19 Ciro Caraballo, Obras públicas, fiestas y mensajes (Un puntal del régimen gomecista), Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1981: 19-32; Juan José Martín Frechilla, Planes, planos y proyectos para Venezuela: 1908-1958 (Apuntes para una historia de la construcción del país), Caracas, Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1994: 127-128, 272-278.
20 Ley de Ejercicio de las Profesiones de Ingeniero, Arquitecto y Agrimensor, Gaceta Oficial, Caracas, 17 de agosto de 1925.
21 A manera de ejemplo, puede verse Lila Trujillo, Francia Alas de Rojas, Morella Méndez Ortiz (Comps.), Compilación legislativa municipal del Distrito Federal (1926), Caracas, Ediciones del Concejo Municipal del Distrito Federal, 1984.
22 Constitución Nacional (1925), artículo 18, ordinal 1, citado en Allan R. Brewer-Carías, op. cit., 117-118.
23 Leszek Zawisza y Federico Villanueva Brandt, «Urbanismo». En: Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo IV, Caracas, Fundación Polar, 1997: 143-158, 152.
24 Juan José Martín Fechilla, Planes, planos y proyectos para Venezuela: 1908-1958 (Apuntes para una historia de la construcción del país), Caracas, Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1994: 119.
25 Carlos Maldonado Bourgoin, op. cit., 143.
26 Ver por ejemplo Arturo Almandoz Marte, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas (2013), Santiago de Chile, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Universidad Católica de Chile, RIL Editores, 2017: 263-298.
27 Gaceta Municipal, Caracas, 15 de abril de 1937. La atribución de la solicitud al mismo presidente López Contreras está en Tulio Chiossone, El decenio democrático inconcluso. 1935-1945, Caracas, Ex-Libris, 1989: 82.
28 Gobernación del Distrito Federal, Memoria, Tomo I, Caracas, Gobernación del Distrito Federal, 1939: 271.
29 También se contaron tres topógrafos —incluyendo a Pedro Pablo Azpúrua, entonces estudiante de Ingeniería— y tres dibujantes, entre otros miembros del personal.
30 Gobernación del Distrito Federal, Exposición del gobernador al Concejo Municipal de Caracas…, Caracas, Gobernación del Distrito Federal, 1939: 13.
31 Pedro Pablo Azpúrua, «Breve historia del planeamiento urbano con especial referencia a la ciudad de Caracas», Boletín del Colegio de Ingenieros de Venezuela, N° 55, Caracas, Colegio de Ingenieros de Venezuela, julio 1964: 30-38, 31.
32 Gobernación del Distrito Federal, Exposición…, 4.
33 Gobernación del Distrito Federal, «Plan Monumental de Caracas», Revista del Concejo Municipal del Distrito Federal, N° 1, Caracas, Gobernación del Distrito Federal, 1939: 17 y siguientes.
34 Ver por ejemplo Arturo Almandoz Marte, Urbanismo europeo…, op. cit., 323-339.
35 Maurice Rotival, «Urbanisme au Venezuela», L’Architecture d’Aujourd’hui, N° 33, Urbanisme en Amérique Latine, París, diciembre-enero 1950-1951: 71-73, 71.
36 Gobernación del Distrito Federal, Exposición…, 15-16.
37 Arturo Almandoz Marte, Urbanismo europeo…, 295-305.
38 Eduardo Arcila Farías, op. cit., I, 327-330. Tras la separación de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería quedó compuesta por las siguientes cinco escuelas: Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Geología, Minas y Metalúrgica. La Sociedad Venezolana de Arquitectos estuvo integrada por Carlos Guinand Sandoz, Gustavo Wallis, Cipriano Domínguez, Carlos Raúl Villanueva, Roberto Henríquez, Heriberto González Méndez, Luis Eduardo Chataing y Enrique García Maldonado, entre otros.
39 Nelson Geigel Lope-Bello, Planificación y urbanismo, Caracas, Equinoccio, 1994: 80. Ver también Pedro Pablo Azpúrua, op. cit., 32-33.
40 Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 23.
41 Tal como hizo notar Víctor Fossi a Oscar Olinto Camacho (Comp.), Tres entrevistas. Tres pioneros del urbanismo moderno en Venezuela: Gustavo Ferrero Tamayo, Víctor Fossi, José Guillermo Yáber, Caracas, Equinoccio, Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, Gobierno de Miranda, 2012: 57-59.
42 Ver Juan José Martín Frechilla, «La Comisión Nacional de Urbanismo, 1946-1957 (origen y quiebra de una utopía)». En: Alberto Lovera (Comp.), Leopoldo Martínez Olavarría. Desarrollo urbano, vivienda y Estado, Caracas, Fondo Editorial Alemo, 1996: 157-210, 184-187.
43 Ver en el presente volumen el capítulo de Alfredo Cilento Sarli: «Antecedentes, políticas y financiamiento de la vivienda».
44 Diferencia que caracterizaría a Maurice Rotival, «Planification et Urbanisme», Urbanisme, N° 82-83, Paris, 1964: 42-45.
45 Arturo Almandoz Marte, «Notas sobre la evolución conceptual del urbanismo en Venezuela», Analys-art, N° 5, Caracas, Instituto de Estudios Avanzados, marzo 1993: 53-78, 62-67; Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 81.
46 Doménico De Caro, «Los planes urbanos en Venezuela en la década de los cincuenta», Trabajo de ascenso, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 1990: 49-50.
47 Tal como hizo notar Leopoldo Martínez Olavarría a Juan José Martín Frechilla, Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 2004: 96.
48 Oscar Olinto Camacho, op. cit., 22, 24.
49 Citado por Víctor Fossi, «Desarrollo urbano y vivienda: la desordenada evolución hacia un país de metrópolis». En: Arturo Almandoz Marte (Comp.), Caracas, de la metrópoli súbita a la meca roja, Quito, Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, 2012: 105-126, 113.
50 Ibidem.
51 Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 87.
52 Tal como señaló Fossi en entrevista con Oscar Olinto Camacho, op. cit., 61.
53 Ibid., 63, 119.
54 Lorenzo González Casas, «Los extraños acordes de una sinfonía metropolitana». En: AA. VV., Santiago de León de Caracas 1567-2030, Caracas, Exxon Mobil de Venezuela, 2004, 203-239, 210.
55 Ver Elisenda Vila, «La planificación urbana en Venezuela. Una reflexión sobre el papel cumplido», Trabajo de ascenso, Caracas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 1990: 103.
56 Arturo Almandoz Marte, «Towards Brasilia and Ciudad Guayana. Development, urbanization and regional planning in Latin America, 1940s-1960s», Planning Perspectives, Vol. 31, N° 1, enero 2016: 31-53.
57 Maritza Izaguirre, Ciudad Guayana y la estrategia del desarrollo polarizado, Buenos Aires, Ediciones Siap, 1977: 9, 14, 24.
58 Arturo Almandoz Marte, «Towards Brasilia…».
59 Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 25.
60 Ibid., 25-26.
61 Rafael Caldera, Frente a Chávez. Leyendas urbanas y otros mitos, Tomo IV, Caracas, Cyngular, Biblioteca Rafael Caldera, 2015: 69.
62 Arturo Almandoz Marte, Modernization, urbanization and development in Latin America, 1900s-2000s (2015), Londres y Nueva York, Routledge, 2017: 132-135.
63 El Mindur fue creado en 1975, en sustitución del MOP, de cuya división resultaron asimismo los ministerios de Transporte y Comunicaciones (MTC) y el del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Marnr).
64 Tal como lo hizo notar Víctor Fossi a Oscar Olinto Camacho, op. cit., 77.
65 Omar Hernández y Óscar Gómez Navas, «Formulación de los planes rectores como función del Ministerio de Desarrollo Urbano», Caracas, Hernández Gómez Navas Consultores Asociados, 1987: 17-18; Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 93.
66 Nigel Taylor, Urban Planning Theory since 1945, Londres, Sage Publications, 1998: 52.
67 Elisenda Vila, op. cit., 119-155.
68 Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 94-95.
69 Ibid., 31.
70 Arturo Almandoz Marte, «Notas sobre la evolución conceptual…», 74. Ver además en el presente volumen el capítulo de Marco Negrón: «Petro-Estado, ciudad y territorio».
71 Andrés Stambouli, La política extraviada. Una historia de Medina a Chávez, Caracas, Fundación para la Cultura Urbana, 2002: 151-152.
72 Arturo Almandoz Marte, Modernization, urbanization…, 158-160.
73 Nelson Geigel Lope-Bello, op. cit., 39.
74 Arturo Almandoz Marte, «Notas sobre la evolución…», 74-75.
75 Isabel Duque Franco, «Trayectoria y perspectivas del planeamiento estratégico en las ciudades latinoamericanas». En: Isabel Duque Franco (Comp.), Historiografía y planificación urbana en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía, 2013: 301-340, 301-302.
76 Ver en este volumen texto de Marco Negrón, art. cit.
77 Carlos Maldonado Bourgoin, op. cit., 227. Ciudad Sucre fue pensada como polo de desarrollo sobre la Carretera Marginal de la Selva, a lo largo del piedemonte llanero, con el objeto de comunicar los países andinos.
78 Arnoldo José Gabaldón, Desarrollo sustentable. La salida de América Latina, Caracas, Grijalbo, 2006: 78-80.
79 Este último término fue adoptado por el también jurista y politólogo, siguiendo las corrientes coetáneas, acogiéndose a la posición de que «sí es gobernable la democracia», pero requiere de condiciones éticas, institucionales, políticas y electorales tipificables, por lo que su gran dilema estriba en los desafíos que enfrenta cada sociedad. Rafael Caldera, Los desafíos de la gobernabilidad democrática, Tomo II, Caracas, Cyngular, Biblioteca Rafael Caldera, 2014: 23-24, 29-30.
80 Ibid., 31.
Lea también el post en Prodavinci.
