El estudio de Rogelio Altez [1] abre el volumen dedicado a «La sociedad» dentro de la investigación El siglo XX venezolano, impulsada por la Fundación para la Cultura Urbana. Este ensayo de Altez «parte de una revisión crítica de las definiciones de lo rural, que sirve de marco conceptual al análisis del proceso mediante el cual la distribución demográfica de la población y sus condiciones materiales se transforman y dejan de ser fundamentalmente rurales para convertirse en urbanas en gran proporción».
La necesaria definición de lo rural
En 1992 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, contrató a investigadores de ciencias sociales para que definieran qué es un «área rural». El objetivo apuntaba a la aplicación del término en correspondencia con la política de apertura hacia las concesiones privadas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces, como ahora, el vocablo no contaba con una conceptualización consensuada que permitiera, a su vez, ciertas funciones institucionales. Se desconoce si la investigación alcanzó a fijar algo al respecto; no obstante, las concesiones privadas tuvieron lugar, y a partir de aquel momento la telecomunicación dejó de ser un servicio exclusivamente público en Venezuela. Las poblaciones rurales, desde luego, continuaron siendo lo que siempre han sido: áreas al margen.
La noción de lo rural ha estado históricamente asentada sobre una base cuantitativa, sujeta a funciones estadísticas y demográficas. Esto es válido para Venezuela y buena parte de América Latina. En nuestro país el concepto se remonta al censo de 1936. Allí por primera vez se estableció la diferencia entre población rural y población urbana: «Llamamos población urbana a la que habita en los centros de más de 1.000 habitantes, porque los pueblos que tienen menos de aquella cifra pueden considerarse como núcleos rurales»[2]. Esta definición tiene aquí una función exclusivamente censal; no obstante, a partir de entonces será, como lo apuntó Marco Aurelio Vila, «una disposición legal» que clasifica al territorio y sus habitantes [3]. Esto no ha cambiado desde su origen.
A partir del censo de 1961 se elevó el límite de habitantes que define a una población urbana a partir de 2.500 personas. Lo que cambió a lo largo del siglo XX fue la cantidad de individuos, no la esencia del concepto. Esa definición cuantitativa de población rural contribuye con las confusiones que se advierten ante interrogantes concretas como ¿en qué se diferencia un área rural de una urbana? El imaginario sobre el asunto tampoco ayuda; las concepciones románticas de lo rural envían la representación hacia hermosos encuadres campestres con personas asentadas en la rusticidad y animales a su alrededor; otros solo ven en este espacio un entorno sumido en la precariedad y el atraso. La realidad estriba en temas más concretos, como la calidad de vida, el acceso a los servicios o el desarrollo infraestructural. Sin embargo, el enfoque demográfico del problema sistematizó la referencia sobre una y otra característica. Es urbana aquella población por encima de 2.500 habitantes y todo lo que esté por debajo de esa cifra no lo es.
Además de la definición censal hallamos la definición sanitaria, en práctica también desde 1961, según la cual una población urbana es aquella con más de 4.000 habitantes, y una rural está por debajo de los 2.000. Este criterio, seguido entonces por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, perseguía atender centros poblados por debajo de 5.000 personas para dotarles de viviendas, acueductos y medicaturas[4]. Se asoma aquí la concepción desarrollista que el Estado venezolano, como todos en América Latina, habría de aplicar a zonas materialmente deprimidas en relación con los centros urbanos de mayor crecimiento económico, infraestructural o de servicios. La noción de desarrollo que adoptaron los países latinoamericanos desde mediados del siglo XX supone un proceso que ha de llevar lo rural hacia un ámbito próximo a lo urbano y articulado económicamente con el país.
Asentadas sobre perfiles cuantitativos, las conceptualizaciones de población rural coinciden con criterios adoptados por todos los países ante sus indicadores más característicos: población, economía, industria, infraestructura, calidad de vida, educación, entre otros. Precisamente, no es casualidad que la frase «población rural» haya sido esclarecida por primera vez en 1936, cuando se esperaba que Venezuela enrumbara sin demora hacia el progreso. Por entonces algunos indicadores enseñaban cambios en el país cuya proyección no se revertiría nunca más. Uno de ellos tenía que ver con el crecimiento de la población urbana y la caída de la población rural, señal indefectible de desarrollo: el aumento de la primera supone, aunque sea solo nominalmente, la urbanización de un país, el extremo opuesto a la ruralidad.
El descenso de la población rural ya se perfilaba desde antes. Entre 1926 y 1936, por razones críticas, «sesenta y dos centros poblados desaparecieron». Los más afectados contaban entre 5.000 y 50.000 habitantes[5]. En ese lapso, unas 25 ciudades redujeron su población en más del 50%; entre ellas, El Tocuyo, Maturín, Carúpano y La Victoria. Estaba teniendo lugar el proceso de concentración demográfica que representó el surgimiento de ciudades con cientos de miles de habitantes y, poco después, con millones. No todo tuvo que ver con la migración, sin duda, pero se trata de uno de los factores decisivos para revertir la relación que, hasta mediados de siglo XX, inclinó la balanza en favor de las condiciones rurales de vida.
De acuerdo con los censos levantados entre 1936 y 1990, la relación porcentual entre población rural y población urbana es la siguiente:
El problema no subyace solo en lo cuantitativo o en lo demográfico, sino en el hecho de conformar un par de oposición, rural-urbano, que induce decisiones marcadas por una sola tendencia: desarrollo. En este sentido, la definición que envuelve, pero sobre todo enturbia, aquello que puede ser comprendido como rural es, por encima de todo, el desarrollo. De allí que el concepto de lo rural, sea el que fuere, es una abstracción que enseña densidades territoriales o se ajusta a estadísticas que no tienen reflejo en la realidad. Poblaciones con cierta cantidad de habitantes no necesariamente han de ser rurales, y su crecimiento demográfico tampoco garantiza que se transformen en urbanas.
Otros problemas se superponen a esa noción equívoca. Por ejemplo, su confusión con población agraria. Quizás por entender que las actividades económicas propias del campo están en manos de una población rural se asume, por defecto, que es agrícola. «En realidad, el término “agrícola” se refiere a un sector de la actividad económica relacionado con el cultivo de plantas, la cría de animales, y actividades directamente relacionadas, como la preparación del suelo, la construcción de cercos, etc.». La ruralidad de las actividades agrícolas, de por sí, no define a la población[7].
En todo caso, los conceptos sobre tipos de población toman lo «urbano» como medida y se fundan sobre bases cuantitativas: densidad, hábitat, administración, actividad económica[8]. La pregunta sobre qué diferencia a una población de otra conduce, a su vez, a precisar aspectos vinculados con el asentamiento donde tienen lugar. En Venezuela, para mayor confusión, no existe una definición de ciudad y en su lugar se usa centro poblado: «una aglomeración urbana puede estar integrada por muchos centros poblados»[9]. No obstante, una ciudad no es concebida como espacio rural. En la negación de lo urbano hallaremos a su par opuesto: «la población rural se define mediante un proceso de descarte, es decir, como la población que no reside en zonas urbanas»[10].
Al ser entendida como parte de la distribución territorial o de cierta actividad económica, la población rural desaparece como problema social. Más allá de los intentos por explicar específicamente qué es lo rural o quiénes son rurales, el asunto es inseparable de su par opuesto, lo urbano, pues en el significado de ese binomio subyacen las directrices del desarrollo, destino que debe transformar a la ruralidad en condiciones urbanas de vida. Lo rural es, al fin y al cabo, una definición que deviene causa y objeto para impulsar formas de desarrollo.
Efecto del imaginario sobre sociedades rurales es imponerle un rol agrario: «Lo que toca y pertenece al campo y las labores de él», decía en 1737[11] la primera acepción de rural. Tal imagen no ha cambiado, y sin duda ha incidido en las diferentes formas de concebir el problema. En América Latina lo agrario se asumió como estadio previo a la industrialización, comparable con el proceso moderno europeo. Pasar de lo rural a la industria se antojó un método conocido e indispensable[12].
El espíritu tras las decisiones de desarrollo parece haber sido la homologación con los procesos europeos de industrialización, referentes del mundo occidental. Des-ruralizar, así, debía corresponderse con desarrollo, industrialización, urbanización, en fin, modernidad y progreso. Cada país en América Latina se dispuso a ello según sus recursos y características políticas. No obstante, los procesos políticos no han sido uniformes ni constantes en la región sino todo lo contrario, y esto marcó un desarrollo ajustado a los poderes de turno y al vaivén de sus intereses particulares a lo largo del siglo XX.
Definir lo rural, en conclusión, obliga a decantarse por alguna de las nociones que le identifica como problema ante el desarrollo: una cuestión de densidad poblacional, un ámbito que requiere asistencia sanitaria o una condición agraria dotada de recursos tecnológicos rudimentarios. Tampoco es la suma de todo esto; el problema rural es social y por tanto histórico, y ha ido a dar al otro extremo de un par de oposición que lo entiende por descarte o negación: es aquello que no es urbano. No obstante, interesa comprender que las condiciones materiales de la ruralidad son históricamente producidas, y no una naturaleza surgida por tradición.
Lo rural, entre lo imaginario y lo demográfico, causa y objeto del desarrollo, sufrió un proceso de deconstrucción en todos sus aspectos, ya en beneficio de lo urbano como en detrimento de su propia condición. Desruralizar a Venezuela supuso un esfuerzo por colocar al país en el sendero del desarrollo, en un sentido de ir hacia delante en el que la rusticidad y la precariedad debían quedar atrás, inmóviles en alguna acuarela antigua, testimonio de un pasado que tendría que ser superado por fuerza. Tal espíritu subyace a la diatriba de Conatel y su consulta de 1992, y también se encuentra, por cierto, detrás del proceso histórico venezolano del siglo XX, especialmente de la segunda mitad en adelante.
La Venezuela rural
La noción de desarrollo condensa ciertas variables elementales: industria, urbanización, producción, educación, capitalización, calidad de vida. La primera de ellas, en el caso de Venezuela, fue el horizonte a alcanzar desde sus inicios como república. Entonces se llamó «industria» a la agricultura y nada tenía que ver con la tecnología, sino con su fomento. Hasta la aparición del petróleo, la agricultura fue el sino de la economía, el objeto de las decisiones para el progreso. Todos los esfuerzos, acertados o no, perseguían su mejora. Dentro de sus problemas más generales se hallaban las vías de comunicación, la capacitación de la mano de obra y la ocupación de tierras para cría y cultivos. Tales inquietudes acompañaron políticas y proyectos desde el origen del Estado independiente y persistieron por mucho tiempo.
A comienzos del siglo XX, como el resto de América Latina, el país era un inmenso campo sin desarrollo ni tecnología, en manos de pocos dueños, con un recurso humano apenas capacitado y sin cultura moderna de trabajo. El crudo no transformó esta realidad; por el contrario, inicialmente la profundizó. Los primeros campos petroleros solo fueron un polo de atracción para una población, empobrecida y sin preparación, que se acercó a las ciudades buscando mejorar sus circunstancias. Cuando muere Juan Vicente Gómez, el país se enfoca en transformar la economía pensando en la industria, en ese entonces con un nuevo significado. El término ya no denotaba a la «agricultura», y el problema consistió en conseguir un equilibrio entre el mundo rural y la pujante industria. Tal dilema sería un rompecabezas con pocas soluciones.
De esas preocupaciones sobre la agricultura, la mano de obra fue la más complicada. En el reconocimiento de su baja capacitación, y ante el escaso poblamiento del territorio, la idea de «colonizar» a Venezuela con campesinos europeos estuvo vigente hasta mediados del siglo pasado[13]. La baja densidad poblacional y su mínimo índice de urbanización representaron una desventaja estructural para el desarrollo económico. Como lo vimos, en 1936 el 65,3% del país estaba ocupado por población rural; el 34,7% apenas podría considerarse como «urbano». Sobre esa realidad se aseguró que «solo el 1% del área superficial de Venezuela estaba bajo cultivo», y que del medio millón de campesinos que había, «solo el 10% trabajaba tierra suya»; el 78% de todas las tierras cultivables estaba en manos de un 5% del total de propietarios[14]. Tal era la situación de la agricultura luego de un siglo de haber sido el foco principal de todas las políticas económicas.
La vida urbana a comienzos del siglo XX, asimismo, era un reflejo de aquella condición. Si el país vivió de la agroexportación hasta la instalación de la industria petrolera, poco pudo desarrollar gracias a su fomento, si se tiene en cuenta que jamás logró su consolidación estructural. En 1926 los venezolanos que vivían en centros urbanos se hallaban repartidos entre unos 49 núcleos poblados (que sobrepasaban los 1.000 habitantes), de los cuales solo 18 podrían considerarse como ciudades. Es decir: de un total nacional de 2.814.131 habitantes, apenas 647.838 residían en condiciones urbanas[15]. El resto de la población, 2.166.293 personas, vivía en el campo.
El censo de 1941 confirmó esas condiciones materiales. El 60,8% de las viviendas fueron calificadas como ranchos; el 36% eran casas de albañilería, y solo un 0,6% vivía en apartamentos. Los ranchos sumaban 406.460, y allí residían 2.109.951 personas del total de 3.850.771 habitantes del país. Sus pisos eran de tierra y los techos de paja, en su mayoría. El 72% carecía de servicio sanitario. El 63% contaba con una sola habitación donde hacían vida cinco o más personas. Los problemas de salubridad eran una situación cotidiana. En 1945 se cuenta con 1.000 médicos en todo el país, cuando se estimaba que hacían falta unos 4.000. Aquellos 49 centros considerados como urbanos eran los únicos dotados con cloacas en Venezuela[16].
El censo de 1926 reveló una densidad poblacional en desequilibrio. La del estado Aragua, por ejemplo, era de 18,9 hab/km2; en Anzoátegui, 2,9 hab/km2. El estado Guárico apenas alcanzaba el 1,7 hab/km2; Monagas, 2,3 hab/km2, y Barinas 1,6 hab/km2. Mérida, una de las ciudades más prósperas gracias a la agricultura, tenía una población de 5.945 personas, y contaba con 17 médicos, cinco farmacias y dos ingenieros. Coro, por su parte, reunía en su casco urbano a 10.932 habitantes, y contaba con cuatro médicos, seis farmacias y también dos ingenieros[17]. La densidad de población en todo el territorio era, por cierto, igual a la del estado Anzoátegui: 2,9 hab/km2. Cuando se pensó en «colonizar» el campo venezolano, se imaginó a un país poblado por agricultores que, por naturaleza, habrían de desarrollar la economía. Esto nunca sucedió, más allá de los pocos y fracasados intentos, incluso a pesar de la institucionalización del proceso.
El drama de la comunicación vial fue, igualmente, un asunto presente durante todos los gobiernos desde la República de Colombia. Al efecto se constituyeron varias juntas de caminos y se creó una Junta de Fomento de los Caminos Nacionales en 1869, testimonio de un problema no resuelto por décadas. La llegada del ferrocarril, símbolo insoslayable del progreso y destinado a modernizar el transporte en el país, jamás fue un sistema y solo alcanzó a reunir unas cuantas líneas que comunicaban centros de producción con algunos puertos. Entre 1853 y 1892 hubo 36 contratos fallidos de desarrollo ferroviario; la primera línea que funcionó fue el Ferrocarril Caracas-La Guaira, en 1880, y hasta 1910 únicamente se lograron concretar 11 vías en todo el país. La presencia de los trenes no representó ninguna solución; en realidad fue una expresión del problema[18].
El gobierno de Gómez será el primero en intentar la interconexión del territorio con un sistema de carreteras. En 1910 decretó que el 50% del presupuesto nacional debía destinarse a ello. Entre 1921 y 1933, el Estado construyó la Gran Carretera Trasandina; asfaltó la carretera Caracas-La Guaira; hizo varios tramos en la región oriental enlazando a Carúpano con Tunapuy, Barcelona con Maturín, y Cumaná con Cumanacoa; conectó a Ocumare con San Casimiro a través de Charallave; unió a Valencia, San Carlos y Acarigua, y fundó muchos otros caminos en los Andes. El esfuerzo superó con creces lo hecho por el ferrocarril. No obstante, fueron sistemas desarticulados que apuntaron hacia Caracas, en un país que apenas contaba los automóviles por decenas en algunas ciudades.
El estímulo a la vialidad fue directamente proporcional a las formas económicas predominantes: agricultura primero y luego petróleo, y también se halla en correspondencia con el tipo de capital que se invierte en ese desarrollo, así como con las estrategias de inversión. En este sentido, la desarticulación vial y de transporte en el país fue el resultado de esfuerzos espasmódicos, de la ausencia de inversiones estructuradas sobre planes territoriales, y de la carencia de recursos para poner en marcha infraestructuras exitosas. Todo esto profundizó las condiciones de ruralidad. Si la agricultura era la base de la economía nacional, un siglo de desarrollos equívocos y aislados no le beneficiaron: le perjudicaron. Hacia el final de los años treinta, luego de haber sido el centro de la economía nacional, el sector agropecuario representaba solo 20% del producto territorial bruto[19].
Además de haber fallado en el impulso de su base económica, la capacidad profesional del país era pronunciadamente baja, y esto se reflejaba en su administración. «En 1934 el Departamento de Agricultura y Cría del Ministerio de Salubridad solo contaba con 13 agrónomos y 2 veterinarios contratados»[20]. La realidad general no era muy diferente. Ese mismo año apenas se contaban 1.259 estudiantes y 64 docentes en la Universidad Central de Venezuela, repartidos en solo cinco escuelas. En la Universidad de los Andes había 153 alumnos y 30 profesores[21]. La tasa bruta de escolaridad en toda Venezuela osciló entre 1,8 y 1,9 entre 1909 y 1920; subió a 3,6 en 1926, y en 1936 fue de 3,8[22]. El censo de 1941 indicó que el 58% de la población venezolana era analfabeta, el 75% de los adultos del país también; solo 35% de los niños asistían a las escuelas.
Sobre esta realidad impactará la industria petrolera, pero su traducción en el desarrollo tardará. Con todo, el primer efecto del crudo se encuentra articulado con esas condiciones. Ante el avance de ciudades que rápidamente se convirtieron en polos de atracción, la población rural se movilizó tras alguna mejora de sus condiciones de vida. No obstante, este proceso no se explica únicamente por el surgimiento de la industria del petróleo. Venezuela ya enfrentaba una profunda crisis en la exportación agropecuaria desde finales del siglo XIX, y a ello hay que sumar la caída de los precios del café, primer producto de exportación en la economía de entonces. Poco después, la crisis del capitalismo mundial en 1929 golpeó al país, cuyas condiciones estructurales ya se habían encargado de abatir la agricultura.
La crisis de 1929 afectó la mano de obra agraria, bien por la caída de los salarios, el abandono de los cultivos o por la quiebra de muchos dueños de tierras[23]. Esta es una de las causas históricas decisivas para la oleada migratoria campo-ciudad que ya en esa década hizo desaparecer poblaciones y deshabitar otras. Este impulso migratorio, causado por las condiciones paupérrimas que Venezuela arrastraba desde el siglo anterior, profundizadas en esta coyuntura, se verá a su vez estimulado por la atracción generada por la industria del crudo. El auge de los ingresos por la exportación petrolera, no obstante, será la salvación para un país estructuralmente empobrecido.
Las circunstancias en los propios núcleos productivos estaban en correspondencia con el panorama general. Las crisis reportadas en las últimas décadas del siglo XIX por langostas, sequías y parásitos, aún tenían efectos sobre las plantaciones en el siglo siguiente. Al mismo tiempo, las formas de cultivo y cosecha del café se hallaban atrasadas con relación a competidores en pleno crecimiento, como Brasil. La ganadería dejó de ser un rubro fundamental en la exportación al haber caído en manos del general Gómez y su familia prácticamente todas las tierras de cría del país, que explotaban su producción para el mercado interno[25].
La Venezuela rural, plasmada en aquel pronunciado desequilibrio demográfico y sobre condiciones materiales miserables, comenzaba a cambiar su distribución espacial. Unas décadas después, la relación se va a revertir y el país dejará de ser rural para convertirse en uno de los más urbanizados de la región. Si en 1920 las exportaciones agropecuarias alcanzaron el 92% del total nacional, en 1940 esa cifra se reduce a un 2%, dando paso a la predominancia del petróleo, que ese año reportó el 94% de las exportaciones totales. Entre esas dos décadas, no obstante, tendrán lugar los primeros intentos por llevar al país hacia mejores condiciones aprovechando sus nuevos ingresos. Podría decirse que se trató de ensayos iniciales de desarrollo, antes de que el concepto fuera, como en efecto lo será, una política global. Alcanzar la modernidad y dejar atrás la estructura rural que hacía las veces de pantano infranqueable, asomó entonces como un nuevo horizonte.
La ruralidad como problema
Las características del país en las primeras décadas del siglo XX, apenas diferentes a las de las centurias anteriores por ciertas condiciones materiales en algunas ciudades y poco más, permiten comprender que la ruralidad no solo fue su rasgo fundamental, sino al mismo tiempo un problema estructural. A pesar de que las definiciones modernas de lo rural muestren bases cuantitativas con funciones censales, o bien se confundan entre imaginarios que le aprecian como lo opuesto a lo urbano, ambas interpretaciones coinciden en la descripción de aquella Venezuela.
Entre 1936 y 1941, más del 60% de la población residía fuera de las áreas urbanas y habitaba en ranchos con pisos de tierra; el 72% de esas viviendas no tenía servicio sanitario; el 58% de los habitantes eran analfabetas; no existía un sistema de carreteras interconectado; la densidad poblacional era de 2,9 hab/km2; apenas había 1.000 médicos en todo el país, y casi el 80% de las tierras cultivables se hallaba en manos del 5% de todos los propietarios existentes. Convengamos que este conjunto de problemas, entre muchos otros concomitantes, puede ser identificado como ruralidad, arbitrio metodológico que cumple aquí una doble función, descriptiva y analítica.
La ruralidad de Venezuela, por tanto, representó un problema de doble articulación: por un lado, en esas condiciones se desarrollaban las actividades económicas del país, incluyendo las petroleras; por el otro, dos tercios de la población vivía en tales circunstancias. La larga deficiencia agropecuaria que hizo crisis hacia los años veinte, aunada a la deplorable calidad de vida que movilizaba a la mano de obra fuera del campo, obligaba a tomar medidas. Todo lo practicado desde el siglo XIX hasta entonces había favorecido, casi únicamente, al sector comercial, y no al agrícola. Los primeros ingresos por exportaciones petroleras permitieron que el Estado, dentro de sus limitaciones (institucionales, políticas y profesionales) invirtiera en esa dirección.
Ya durante el gobierno de Gómez se intentaron acciones. Desde luego, buena parte de esas medidas apuntaron al beneficio de sectores asentados en el poder, y no necesariamente al desarrollo de la economía agropecuaria[26]. No obstante, en 1928 se creó el Banco Agrícola y Pecuario, cuyo capital debía aportar nuevos financiamientos y reducir pérdidas en el área. Este impulso, asimismo, perseguía contener la migración interna que mermaba la mano de obra agraria. La crisis de 1929 casi lleva al banco a la quiebra, y la realidad rural poco varió. Podría decirse, más allá de lo observado, que la red de carreteras, enfiladas hacia el centro administrativo del país, representó la medida más contundente y positiva para la estructura agropecuaria ejecutada por Gómez en su largo mandato.
Con el fallecimiento del dictador, el problema de la ruralidad comenzó a ser el centro de atención de los gobiernos por venir. Bajo el mandato de Eleazar López Contreras, en 1936 se crea el Ministerio de Agricultura y Cría. En su primer año de gobierno se otorgaron importantes subsidios a agricultores y criadores que venían de las crisis anteriores. Fueron retomadas las ideas de colonizar el campo despoblado con campesinos extranjeros, lo que coincidirá con las circunstancias europeas del contexto: la Guerra Civil española y el empobrecimiento de los países del centro y el Este luego de las sanciones a Alemania por la Primera Guerra Mundial. La inmigración, política de Estado, quedó en manos del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, creado en 1938. Su concepto era muy claro: «Colonización significa mejoramiento de la situación del campesino, saneamiento del medio rural, protección de la explotación agrícola, fomento de las industrias e impulso de la producción agraria»[27].
En 1938, también, se crea el Instituto Nacional del Café y la Escuela de Prácticos Cafeteros, y se fijaron precios mínimos a su exportación para apuntalar el rubro. El Banco Agrícola y Pecuario otorgó apoyo para diversificar cultivos, construyó silos y plantas de arroz e importó ganado. En ese año se fundan las Escuelas Superiores de Agricultura y Veterinaria, adscritas a la Dirección Técnica del Ministerio de Agricultura y Cría, creada en 1936, y entra en funcionamiento un programa de becas para incentivar estudios en agronomía y veterinaria[28]. Esta dirección absorbe entonces al Servicio Botánico, antes anexo al Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1937 se crea, igualmente, el Servicio de Investigaciones Veterinarias, agregado a la Dirección de Ganadería del ministerio del ramo. De ese año serán los primeros censos agrícola, industrial y pecuario, cuyos datos corroboraron oficialmente las condiciones estructurales del ámbito.
La Segunda Guerra Mundial vino a dar de lleno en estos primeros ensayos de modificaciones a la situación. El contexto impuso limitaciones y se redujeron drásticamente las importaciones de alimentos y maquinarias. Al efecto, el gobierno de Isaías Medina Angarita, entre 1942 y 1943, creó la Junta Reguladora de Precios, la Comisión de Control de Importaciones y la Junta Nacional de Transporte[29]. Se desarrollaron infraestructuras para surtir de agua a zonas rurales y se levantaron silos en San Cristóbal y Coro; también se construyeron carreteras y entraron en funcionamiento hasta 730 kilómetros de rutas ganaderas[30]. El aporte más incisivo será la promulgación de la Ley Agraria del 10 de septiembre de 1945. Su contenido indicaba, entre otras cosas,
…la transformación de la estructura agraria del país mediante la adecuada incorporación del campesino al proceso de producción nacional, el fomento de la producción agropecuaria, la distribución equitativa de la tierra, la mejor organización y extensión del crédito agrícola y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina[31].
En la misma ley se crea el Instituto Agrario Nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría, de carácter autónomo y con la misión de emprender la Reforma Agraria.
El 18 de octubre de 1945, apenas un mes después de la Ley Agraria, un golpe de Estado acompañado por Acción Democrática cambiará la conducción del país. No obstante, AD «había trabajado activamente en el sector agrario»[32], lo que daba a sus miembros un conocimiento de primera mano sobre el problema. Entre 1945 y 1948 se impulsaron obras de infraestructura vial y de riego; se erradicó el paludismo, uno de los mayores problemas de la vida rural[33]; se reforzaron los recursos del Banco Agrícola y Pecuario con el fin de apoyar créditos para el ramo; se fundó la Corporación Venezolana de Fomento[34]; se construyeron lagunas y perforaron pozos para llevar agua a las haciendas ganaderas; se importaron más de 4.000 tractores y se incrementó la venta de maquinarias agrícolas. Además, se crearon 14 comunidades agrarias con inmigrantes extranjeros; se instalaron más de 600 plantas eléctricas en zonas rurales, que dotaron de energía, por primera vez, a más de 300 pueblos que antes no contaban con electricidad[35].
En relación con las inversiones que favorecieron al sector agrícola, y como efecto de ello a las zonas rurales, aunque fuera de forma tangencial, es pertinente mencionar el vínculo que el gobierno de Acción Democrática inicia con Nelson Rockefeller, cuyo capital se hará presente a través de la Asociación Inter-Americana para el Desarrollo Económico y Social, que comenzó operaciones en el país en 1946, y la Corporación Venezolana de Economía Básica, fundada en 1947. Esta expansión del capital norteamericano a través de la familia más poderosa del momento estimuló otras formas de desarrollo. Su intención estribaba en «promover la modernización de la estructura productiva… a partir de la transferencia de técnicas… y demostrar la posibilidad de crear empresas modernas en las áreas subdesarrolladas»[36]. Las inversiones de capitales mixtos, extranjeros y nacionales, junto al aporte del Estado, permitieron la adquisición de maquinarias y métodos modernos que mucha falta hacían en la agricultura venezolana, así como la inyección de dinero en un sector históricamente deprimido.
Uno de los aspectos más importantes de este empuje hacia el desarrollo de recursos técnicos y materiales en el sector agropecuario fue el Plan Preliminar de Vialidad de 1947. El mismo tiene origen en la Comisión Nacional de Vialidad de 1946, antecedente de la Corporación Venezolana de Fomento[37]. Rómulo Betancourt llamó a Venezuela, y con razón, un «inmenso país desvertebrado», refiriéndose a su escasa intercomunicación. La vialidad por carreteras conectará a ese 80% del territorio considerado como rural, dotándole de una infraestructura que beneficiará la producción, sí, pero también acercará a esos pueblos sin condiciones urbanas a la vida moderna.
El Plan de Vialidad será, en adelante, la base infraestructural de Venezuela[38]. Se proyectaron e iniciaron tres tipos de carreteras: troncales, locales y ramales; 20 de ellas de importancia principal, conectaban regiones entre sí. Las más decisivas, y todavía lo son, fueron: la carretera Panamericana, que conectó al Táchira, vía sur del lago, con el Zulia, Lara y la región central; la carretera de los Llanos, que enlazó al Táchira con Barinas, y de ahí al centro, también atravesando los llanos hasta Zaraza y Maturín; la Trasandina, que sumó una variante a la original desde Barquisimeto a El Tocuyo y Boconó, y la del Sur, que unió a la región amazónica con Aragua a través de los llanos[39]. Este proyecto de vialidad se terminará y extenderá, pero sobre todo continuará, durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez y el período democrático posterior. Las vías de comunicación de Venezuela fueron su más conspicuo indicador de desarrollo.
Un aspecto fundamental para la transformación de las condiciones de precariedad que la mayoría del país mostraba, lo representó la casi ausencia total de saneamiento, e incluso de acceso al agua. Al efecto se creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias en 1943, desprendido de la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas. Al INOS se le encargó el Laboratorio de Análisis de Aguas del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, así como las obras de abastecimiento de agua y sistemas de cloacas, antes responsabilidad municipal, cuya construcción ejecutaba, precisamente, la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias del Ministerio de Obra Públicas.
El vínculo entre este tipo de obras y la situación rural era indefectible: al Ministerio de Sanidad se le encargó en el propio 1943 la construcción, operación y mantenimiento de acueductos y cloacas en centros poblados con menos de 5.000 habitantes, considerados rurales según el criterio sanitario. A pesar de que este tipo de obras debía ser responsabilidad de instancias como el INOS, no será sino hasta 1975 cuando se le transfieran las mismas, con el objeto de atender a poblaciones rurales, ahora con menos de 1.000 habitantes[40]. El criterio sanitario que se observa en aquella decisión de 1943, y que perduró por tres décadas, no esconde la conciencia sobre las precarias condiciones rurales.
Con relación al acceso al agua, entre 1942 y 1948 se construyeron cuatro embalses con diferentes funciones: Suata (Aragua, 1942) para riego; El Corozo (Guárico, 1946) también para riego; Guataparo (Carabobo, 1948) riego y consumo humano, y La Asunción (Nueva Esparta, 1948) para consumo humano. Durante el largo gobierno de Gómez solo se construyó uno, el de Petaquire en el estado Vargas, para consumo humano. Asimismo, se desarrollaron los primeros sistemas de riego por derivación de corrientes de ríos en Cojedes, Anzoátegui, Sucre, Miranda, Portuguesa y Carabobo. El problema del riego y el acceso al agua potable conformaban, ciertamente, asuntos de primer orden en la vida no urbana del país.
La meta general de aquellas medidas y obras para la ruralidad, desplegadas con urgencia y decisión luego de la muerte de Gómez, estribó en el desarrollo económico, desde luego; no obstante, subyace a sus intenciones la transformación de las condiciones rurales. Como lo dijo Betancourt, se buscó el «incremento de la producción agrícola y mejoramiento del nivel de vida del campesinado»[41]. No se trató de un maquillaje político, fue un objetivo compartido[42]. Con la mejora de la base productiva no petrolera se esperaba el aumento de la calidad de vida en la mayoría de la población.
Sin embargo, esto no podría suceder de ninguna manera en tan corto tiempo. Cambiar las condiciones estructurales del país, acendradas por siglos, no tendría lugar en pocos años, sino en un largo período aun por venir. La migración hacia los centros urbanos nunca cesó, indicador de que lo invertido y las políticas diseñadas al respecto no redundaron en la mejora de las condiciones rurales, sino en su continuidad, y en el aumento de los factores que representaron un atractivo inevitable desde las ciudades para esa población. La cristalización de este proceso solo podrá observarse a largo plazo; con todo, es importante señalar que esas medidas urgentes y compulsivas, apoyadas en la convicción de que tal situación debía revertirse, produjeron ciertos resultados a corto plazo que se pueden advertir en cifras. Los años que van desde la muerte de Gómez hasta la llegada de Pérez Jiménez, deben señalarse como el tiempo en el que se inició la transformación material de la infraestructura del país, con efectos sobre toda la población, incluso en el sector rural. Algunos ejemplos dan cuenta de ello, a saber: la densidad poblacional pasó de 2,9 en 1926 a 5,6 en 1950; se incrementaron las medicaturas rurales de 57 en 1941 a 188 en 1945; el analfabetismo se redujo de 62,4% en 1936 a 57,5% en 1941 y a 48,8% en 1950[43].
Lo que no pudo contenerse fue la migración del campo a la ciudad, la huida de aquellas condiciones de ruralidad hacia espacios que ofrecieran mejores oportunidades. Entre 1941 y 1950, unas 400.000 personas se movilizaron desde lugares con menos de 1.000 habitantes hacia centros con más de 5.000. El censo de 1950 indicó que el 20% de los venezolanos se encontraba viviendo en un lugar diferente al de su origen. Yaracuy, Miranda y Trujillo aportaron más del 30% de población a otros estados; Cojedes, Falcón, Lara y Sucre, entre el 23% y el 27%.
Como en los países subdesarrollados las estructuras agrarias inoperantes engendran la miseria del mundo rural, se producen fuertes corrientes migratorias hacia los centros urbanos mayores, donde existen posibilidades de ejercer oficios y actividades que no exigen preparación especial[44].
La reversión de las condiciones de ruralidad o, mejor dicho, el mejoramiento general de alguna de sus características, se observará mucho tiempo después. El proceso de transformación material del país sobrevendrá explosivo y las causas de ello tendrán que ver, sin duda, con los altos ingresos petroleros; sin embargo, otros factores serán igualmente decisivos, como había sucedido con la migración rural-urbana antes del advenimiento del petróleo. La desruralización de Venezuela será la urbanización de sus centros poblados y el cambio en la distribución demográfica de la población, pero no necesariamente la transformación estructural de sus condiciones. De haberse logrado, la migración se hubiera contenido, e incluso revertido. La lucha por apoyar el medio rural tuvo mayor éxito en la transformación de la economía agropecuaria, que en ese mejoramiento de la calidad de vida figurado en los proyectos políticos postgomecistas.
La urbanización
El régimen militar que llega al gobierno en 1948 significó un cambio drástico en las relaciones de poder y en el marco ideológico de Venezuela. Sin embargo, el enfoque sobre el problema de la ruralidad y, especialmente, las decisiones sobre el desarrollo del país tuvieron una continuidad, en buena medida, de lo proyectado entre 1936 y 1948. Esto se observa, con algunas diferencias, en la construcción de la infraestructura vial. Tal continuidad no supone la misma valoración sobre el problema, sino el despliegue de medidas que, con otros intereses, van a atender a esa ruralidad con aquella urgencia de superación observada en los gobiernos anteriores. Una de esas diferencias sustanciales estará en el criterio sobre la economía rural.
Para el breve gobierno de Acción Democrática, la noción de desarrollo va a coincidir, incluso antes de su definición como política regional, con las flamantes propuestas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. En su obra Venezuela, política y petróleo, Betancourt hará constante referencia al documento sobre el país que esa instancia produjo en 1950[48]. Es elocuente allí la búsqueda de concordancias entre esos planteamientos y las obras del trienio adeco. No obstante, y a pesar de ciertas contradicciones, la dictadura va a coincidir igualmente con las líneas de la Cepal, especialmente en el desarrollo de la industria nacional, lo que condujo al impulso de inversiones que transformarán las relaciones de producción en el sector agrícola y, por ende, en el medio rural.
El estímulo al sector agropecuario durante el gobierno militar converge, a su vez, con la búsqueda del autoabastecimiento, propio de la estrategia sustitutiva de importaciones que promulgó la Cepal como vía hacia el desarrollo. La perspectiva de esas políticas se distanció de las anteriores en la concepción del problema. Lo que el gobierno de Medina llamó Reforma Agraria, Pérez Jiménez lo denominó Reforma Agrícola. El objetivo no apuntaba al campesinado, sino al desarrollo técnico del mundo agrario. Esto, por cierto, era entendido como un «proyecto social». En palabras del mismo Pérez Jiménez, se trataba de
…lograr una clase de campesino que tuviera su parcela cultivada racionalmente, con los medios adecuados, de gran rendimiento, tractores y no simples palas. Que tuviesen una casa con servicios higiénicos, televisión, vehículos apropiados[49].
El emprendimiento del Estado durante este gobierno fue aplastante. La vialidad, su expresión más contundente, cambió el panorama del país. Se multiplicaron las carreteras y aparecieron las autopistas, incluyendo construcciones monumentales. Esta vialidad amplió las opciones de comunicación interna en el territorio, lo que aproximó aún más a esa ruralidad a los núcleos de desarrollo urbano. No obstante, este no fue el único ámbito en el que las inversiones del Estado contribuyeron con los cambios del mundo rural. Obras de gran talante identifican al período: sistemas de riego, acceso al agua, saneamiento, industrias básicas, sistemas de electrificación, transporte, mejoramiento urbano, edificaciones escolares, hospitales, diques, astilleros, hoteles, clubes, viviendas multifamiliares. Sería cuestión de largas páginas enlistar todas las obras.
Aquel gobierno militar fue el primero en aprovechar los ingresos petroleros a gran escala. Sentará las bases materiales de la Venezuela moderna, especialmente en su impacto más rutilante: la urbanización. Si el par de oposición rural-urbano sintetizó los problemas de ambas realidades, a partir de este período la aplanadora urbanizadora profundizará esas diferencias, en un efecto contradictorio por tratar de aproximarlas. La llegada de la democracia luego de 1958 dará continuidad a este ágape de concreto y desarrollo con el que se identificará al país en adelante. No obstante, es en tiempos de dictadura cuando tuvo lugar la consolidación de una de las relaciones más decisivas de ese proceso: la potenciación del capital financiero, puntal de inversiones y sociedades privadas, así como asociaciones con el Estado, a partir de las cuales el país se transformará definitivamente[50].
Muchas de las obras desarrolladas en el lapso dictatorial se ejecutan con la cooperación del capital privado, una sociedad que crecerá durante la democracia. En este sentido, buena parte del impulso a la infraestructura agrícola o de servicios tendrá lugar a partir de convenios entre el Estado y la inversión privada. Junto al capital financiero, el de la construcción también será decisivo en el proceso de urbanización. El dinamismo producido por los altos ingresos petroleros permitió al Estado hacer circular la riqueza en beneficio de ese capital privado. Esto va redundar en la creación de empleos, aumento de salarios y multiplicación de inversiones de todo tipo. Es un proceso de robustez económica descollante entre los países de la región, con impacto en la población, en su crecimiento y en la continuación de la migración campo-ciudad.
…los flujos migratorios, en especial los del campo a la ciudad, además de acelerar el proceso de urbanización, contribuyeron a ampliar el mercado interno a la vez que coadyuvaron a preparar el terreno para el anclaje de empresas transnacionales que supieron aprovechar la política de sustitución de importaciones o modelo de crecimiento hacia adentro, que se implementa en Venezuela a comienzos de la década de los sesenta[51].
Ya en 1950 la población urbana se había acercado a la rural (47,4%-PU; 52,6%-PR). En 1961 la relación se revirtió: 62,1%-PU; 37,9%-PR. Luego, como enseña el Cuadro 1, esto se proyecta irreversiblemente hasta invertir la polarización que existía a comienzos de siglo XX. El efecto de las inversiones en beneficio de la urbanización también transformó la economía, del mismo modo que lo hará con la sociedad:
El resultado es que el Estado venezolano invierte y crea fuentes de trabajo con efectos multiplicadores económicos al construir urbanizaciones, edificios públicos, redes de vías de comunicación, empresas públicas, edificaciones para la educación, la salud y el esparcimiento, con lo cual se favorece el crecimiento y fortalecimiento urbano y el capital privado[52].
El proceso de industrialización venezolano, que comienza a consolidarse en tiempos de dictadura y se asienta con la democracia, impactó en zonas que hasta entonces no podrían considerarse como urbanas. El avance de la industria agropecuaria, especialmente, y de otros tipos de producciones tecnificadas, necesitó de espacios amplios para levantar fábricas y desplegar grandes naves. Estos capitales avanzaron sobre metros cuadrados de bajo costo, como los que hallaron en esas zonas, y proliferaron en lugares próximos a centros de desarrollo metropolitano, cercanos a Caracas, Valencia, Maracaibo, y luego a Barquisimeto, Puerto La Cruz, Barcelona, Puerto Ordaz-San Félix, Barinas, Guanare y Acarigua, entre otros. Su impacto producirá nuevos polos de atracción para la migración de la población rural.
El modelo económico estimulado desde el Estado favorecerá el crecimiento de la industrialización y la urbanización, de allí que en esas áreas se concentrarán las mayores inversiones. Uno de los efectos de ese proceso se cifrará en las desventajas comparativas en relación con las actividades agroexportadoras[53]. Las inversiones de capital van a preferir esos ámbitos antes que el agropecuario, a pesar de su tecnificación creciente. Resulta más rentable el medio urbano que el rural, lo que será un estímulo más para la migración, sumado a las causas históricamente acumuladas.
El país creció sobre ese esquema. El proceso de inversión sistemático en pos del crecimiento urbano condujo a un incremento indefectible del Estado como centro administrativo y financiero. El impulso que se dio a la urbanización fue de la mano con el empuje industrial, favorecido por el ciclo de inversiones y riquezas provenientes de la renta petrolera. En el largo período de tiempo que advertimos antes, urbanización y desarrollo industrial se funden históricamente, uno favorece al otro. Al mismo tiempo, todos los efectos de ese proceso van a dar en la reversión de la distribución demográfica, y con ello, en la abrupta reducción de la población rural.
Consolidado el proceso de urbanización, no obstante, el aumento de la población urbana ya no estará determinado por la migración, sino por su propio crecimiento vegetativo[54]. Esto no significa el cese del proceso migratorio rural, sino que su movilización ya no aportará de manera decisiva como lo hizo en el pasado. Con todo, el problema no es únicamente demográfico, sino social y material. La distribución territorial de la población se revertirá, desde luego, pero la ruralidad que advertimos se reproducirá, transformándose igualmente a través del tiempo, sin que desaparezcan las condiciones que la determinan y definen como lo opuesto a lo urbano, que en este caso, por su carácter de oposición, es insoslayablemente subdesarrollado.
Este estatus no solo corresponde a realidades rurales, sino también a nuevos entornos urbanos que en buena medida resultan de ese proceso de migración que nunca representó, realmente, la mejora en la calidad de vida de la población rural, sino el traslado de sus condiciones a otros espacios. Uno de los resultados de ese movimiento poblacional histórico, junto al aumento de los habitantes citadinos, es la «importante acumulación de subintegración y pobreza»[56]. La migración rural-urbana es, antes bien, el trasvase de una forma de pobreza característica, hacia ambientes dotados de infraestructuras y servicios donde se van a producir nuevas formas de pobreza, y no necesariamente la solución a su situación de origen. Se trata, por tanto, de un movimiento entre diferentes condiciones de pobreza que condensan su reproducción histórica.
La reducción de la población rural, por otro lado, tampoco supone la desaparición de centros poblados en esas circunstancias, o bien de ámbitos que pueden calificarse como rurales. El crecimiento de la población urbana, asumido como indicador demográfico, da cuenta del aumento del número de habitantes en ciertos centros poblados, por un lado; por el otro, es también indicador del incremento de habitantes en localidades antes rurales, es decir: por debajo de 1.000 o 2.500, según el censo con el que se mida. Tal crecimiento convirtió a esos pueblos en «ciudades» por un factor demográfico, pero no porque se transformaran sus condiciones materiales. Es cierto, también, que se «urbanizan» algunas de esas condiciones, como el saneamiento, la vialidad o el acceso a la educación, pero su ruralidad no cambia por enseñar nuevos indicadores.
Lo que fue llamado «un abandono masivo del campo» en 1963, prefiguraba la inversión de la polarización entre uno y otro tipo de población que llegará poco después. De 1950 a 1961 la población venezolana creció un 92%; el 95% de ese aumento se registró en la urbana[57]. El censo de 1961 mostraba que «2.349.000 personas pueblan 23.694 localidades de menos de 1.000 habitantes y que la mitad de éstas (11.101) no llegan a los 50 habitantes»[58]. Las condiciones materiales de la vida rural no cambiarían, a pesar de la vertiginosa transformación demográfica del país. Solo la alfabetización exhibió un aumento significativo; en la misma dinámica, crecerá la matrícula universitaria de manera exponencial.
A finales de siglo algunas zonas antes identificadas como rurales o de bajo urbanismo, mostraban condiciones que aún reflejaban los mismos problemas de siempre. En 1971, por ejemplo, los estados Apure y Guárico solo contaban con 36% de acceso al agua corriente, apenas 17% tenía cloacas, y 29% utilizaba letrinas. Hacia 1981, las condiciones generales no habían variado mucho, a pesar de algunos adelantos indiscutibles[61].
La reproducción de la ruralidad
“Imagino la escena, que sucederá dentro de
cincuenta años, en una población agraria de los
Andes, forjada al arrimo de una potente planta
hidroeléctrica, en una población donde en vez de
los garajes para autos de lujo que se multiplican
en Caracas, habrá garajes para tractores…”.
Rómulo Betancourt, Acto de instalación de Acción Democrática, 13 de septiembre de 1941.
Lo rural, población o condición, ha sido un concepto acotado, limitado por variables cuantitativas o por la suposición de que ciertos sectores de una población han de estar asociados, por fuerza, a actividades agrícolas. Está también acotado por un imaginario que lo ubica en cierto escenario desde una mirada romántica, o por la simple oposición a otro tipo de ambiente: lo urbano. En esa oposición, asimismo, hallaremos características que dan cuenta de lo urbano como la materialización del desarrollo, esto es: la superación de aquellas condiciones de vida asociadas al campo, a su rusticidad y su atraso tecnológico. Luego de revisar el proceso venezolano del siglo XX, proponemos una noción menos apegada a criterios que no dan cuenta de las condiciones sociales e históricas de esa ruralidad; apuntamos a un concepto plástico, maleable y adaptado a la dinámica de esas transformaciones, que no supone el simple cambio de un estadio a otro, sino la sucesiva cristalización de diferentes contextos que dan cuenta de todas las variables propias del problema.
Pensamos que la ruralidad en la sociedad venezolana representa un conjunto de condiciones que, de hecho, se oponen a lo urbano, y a su vez exhiben formas materializadas en contextos que siguen dinámicas propias o impuestas, y que cristalizan en resultados siempre en desventaja con relación a su par de oposición. Tales condiciones se revelan críticas en ciertos aspectos insoslayables: materialidad deficitaria, menor acceso a los servicios, menor capacitación de la mano de obra, reducida calidad en la educación, marginación territorial, escaso desarrollo de infraestructuras, acceso tecnológico diferencial. Ninguno de estos factores son naturales para la ruralidad; lo rural es anterior a la modernidad, y su ubicación al margen y por debajo de lo urbano es un resultado histórico, no una naturaleza. La ruralidad es un producto social y material, en el extremo opuesto de la urbanización como forma del desarrollo, y no depende de valores demográficos ni de densidades territoriales.
Tampoco la ruralidad está sujeta ambiental o espacialmente a ciertos marcos geográficos asociados a lo agrícola. Como condición social y material, la ruralidad se encuentra donde es producida y reproducida, y no asida a cierto entorno natural. Las migraciones masivas en sentido rural-urbano no dejaron sus condiciones tras de sí: las trasladaron en el mismo movimiento en el que llegaron a las ciudades. Esto no significa, claro está, que cada lugar repoblado en una ciudad con habitantes procedentes de espacios no urbanos reproduzca ambientes rurales; se trata de la reproducción de su lugar dentro de la sociedad, el cual no varía por cambiar de espacio. La transformación estructural de la sociedad sobrevendrá por otros procesos y no simplemente por el movimiento migratorio. No obstante, ciertas condiciones materiales que pueden observarse en la pobreza urbana que se ve en la Venezuela de mitad de siglo XX en adelante, son el efecto concreto de ese proceso.
Algunos aspectos son característicos. En primer lugar, la transformación en la distribución espacial que invirtió la polarización luego de varias décadas y disminuyó la población catalogada como rural. El opuesto de esta circunstancia: el aumento de la población urbana y la aparición de la metropolización de conglomerados citadinos, que concentró grandes cantidades de habitantes en ciertas regiones y despobló abruptamente otras. Esta nueva distribución espacial de la población representa, asimismo, la reproducción de su desequilibrio, ahora con valores invertidos. Algunos efectos concomitantes al desarrollo de este tipo de urbanización ya se apreciaban en la década de 1960, como la aparición de la marginalidad en las ciudades, el hacinamiento o la depauperación de lo urbano.
Otras consecuencias resultan de ciertas variables puntuales, como el impulso que vivió la vialidad. Algunas carreteras, como la Panamericana al sureste del lago de Maracaibo, produjeron la aparición de pueblos apostados a los lados de la calzada, así como la marginación de antiguas localidades que quedaron desasistidas por este desarrollo. Esos pueblos de servicio proliferaron en todo el país gracias a nuevas vialidades, del mismo modo que las poblaciones alejadas de su alcance serían enviadas al olvido inexorablemente, como sucedió con los pueblos del sur del lago, entre muchos. La aparición y desaparición de poblados por nuevas vialidades contribuyó, igualmente, con la movilidad interna de la población, y con el surgimiento de una nueva forma de ruralidad materializada en esos pueblos de servicio.
Otras vialidades en desuso, a su vez, fueron aprovechadas como bases de viviendas autoconstruidas, como ocurrió con la carretera Caracas-La Guaira o la antigua terraza por donde pasaba el ferrocarril, con varios segmentos que fueron tomados por desarrollos informales. Asimismo, surgieron poblaciones en condiciones de riesgo por la irrupción de vías que no existían antes de 1950, como la desaparecida Carmen de Uria en el Litoral Central, fundada sobre un cauce antes inhabitado gracias al desarrollo de la carretera que interconectó a la región hasta Los Caracas.
La vialidad, además, permitió que regiones enteras antes ocupadas por poblaciones separadas entre sí, se comunicaran y se conurbaran, como fue el caso del Litoral Central, igualmente. La conurbación del litoral hizo de la región una misma zona urbana que, súbitamente, aparece luego de culminada la avenida Soublette en 1954. Otras ciudades absorbieron pueblos vecinos o los sepultaron en forma de urbanizaciones o barrios adyacentes: son los casos de Cabudare y Barquisimeto, Baruta y Caracas. La extensión de las vías en torno a zonas metropolizadas, como Caracas, Valencia o Maracay, produjo la aparición de ciudades dormitorio, que asisten a las metrópolis y alivian su densificación. La vialidad moderna, y sobre todo las nuevas inversiones de capital privado con objetivos industriales, urbanizadores o de esparcimiento, transformaron los históricos patrones de asentamiento y las formas de ocupar los espacios en todo el país.
Sobre la sociedad propiamente, el proceso de urbanización y el favorecimiento de la industrialización permitieron la aparición de una burguesía asida al crecimiento de capitales (financieros, de construcción, industriales) y otras formas de inversión inexistentes antes de mitad de siglo XX. Este segmento en la sociedad crece junto al incremento del poder adquisitivo y la capacidad de consumo, algo exclusivo de élites previamente a este proceso. Todo ello condujo al surgimiento de la clase media, sector que no existía en la sociedad venezolana hasta entonces. Esto no representa únicamente un nuevo nivel clasificado por ingresos y consumo, sino también una transformación cualitativa en toda la sociedad que ahora muestra mayores proximidades entre sus extremos.
La clase media no es un resultado meramente urbano, es también un reflejo para toda la sociedad. Aportará nuevas estéticas, subjetividades y entramados sociales que harán más permeables a los sectores antes prácticamente desconectados entre sí. Su irrupción vendrá acompañada de la profesionalización como nueva condición en la fuerza laboral, producto, a su vez, de la popularización de la educación en general, especialmente del ámbito universitario. Puede decirse que este nuevo segmento de la sociedad proliferó igualmente en espacios no urbanos ni metropolitanos, y contribuyó de manera decidida con el mejoramiento de la calidad de vida en zonas rurales, al favorecer su inserción en nuevas formas de contratación o al servir de enlace con inversiones y capitales.
Las estructuras tradicionales de asentamiento y parentesco también se vieron impactadas con la reducción de la población rural. La aparición de formas urbanas de residencia redujo, sin duda, a las familias extendidas y permitió el surgimiento de familias nucleares. Las familias extendidas no desaparecen: se transforman sobre sí mismas, especialmente en los nuevos patrones de asentamiento que tendrán lugar en su trasvase a las grandes ciudades. El proceso de urbanización moderno y el aumento de la esperanza de vida en general, a su vez, permitieron la aparición de generaciones, antes sin incidencia demográfica: ancianos, jóvenes y adolescentes, grupos que ganaron lugar dentro de las dinámicas poblacionales y sociales. Los dos últimos, progresivamente, se reducen como fuerza de trabajo jornalera y se transforman básicamente en población estudiantil.
La lectura de estos cambios no debe realizarse exclusivamente sobre la población rural, sino sobre toda la sociedad. Una sociedad no cambia por segmentos, se transforma como un todo a través del proceso histórico. Es una unidad ante el proceso. No obstante, puede apreciarse por sectores como recurso metodológico para facilitar su comprensión. Pero, no debe advertirse como si se tratara de cambios segmentados, sino como aspectos de una misma transformación. El paso de la condición rural a la urbana es el resultado de un proceso que afectó a la sociedad venezolana en todas sus estructuras, y no solo demográficamente.
La transformación histórica de la ruralidad, asimismo, refleja cambios en sus características que diferencian claramente a la Venezuela de comienzos de siglo XX con la que llega a su final. Aunque persistan las condiciones, algunos aspectos, desde luego, resultan diferentes. La llegada de la industria, los cambios tecnológicos, la presencia de servicios y saneamiento, la alfabetización y las variaciones ambientales experimentadas en espacios no urbanos, conjugan un contexto que da cuenta no solo del paso del tiempo, sino del efecto concreto de los procesos históricos.
La ruralidad no desaparece, aunque sus características no sean exactamente las mismas un siglo después. En el curso de ese movimiento se fue transformando junto a la sociedad. Sus desventajas frente a lo urbano, sus vulnerabilidades ante las presiones del desarrollo, se ajustaron al proceso de urbanización en su rol de par de oposición. Desruralizar al país, finalmente, significó urbanizar buena parte del territorio; sin embargo, la inversión de la polaridad demográfica no cambió las condiciones sociales de existencia. En el despliegue de la urbanización cristalizó el concepto de desarrollo, consecuencia concreta y simbólica de aquellas interpretaciones que vieron en lo rural un problema que debía resolverse con urgencia.
***
Notas:
[1] Rogelio Altez es antropólogo e historiador. Profesor Titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela.
[2] Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, Sexto Censo de Población. 1936, Caracas, Tipografía Americana, 1940. El Instituto Nacional de Estadística hoy la conceptualiza así: «Área Urbana: Conjunto de centros poblados con 2.500 o más habitantes, definida en cualquier nivel de la División Político Territorial del país. Área Rural: Conjunto de centros poblados con menos de 2.500 habitantes para los censos 1990 y 2001 y menos de 1.000 habitantes para los censos 1981 hacia atrás, definida en cualquier nivel de la División Político Territorial».
[3] Marco Aurelio VILA, Aspectos de la población urbana en Venezuela, Caracas, Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, 1974: 17.
[4] José Ignacio BALDÓ, Juvenal CURIEL y Oscar LOBO CASTELLANOS, «La tuberculosis rural en Venezuela», Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Enero, 1965: 66.
[5] Emilio OSORIO ÁLVAREZ, Geografía de la población de Venezuela, Caracas, Arriez, Seix Barral Venezolana, 1985: 49.
[6] Chi-Yi CHEN y Michel PICOUET, Dinámica de la población: caso de Venezuela, Caracas, UCAB-Orstom, 1979.
[7] «Lo que se denomina ‘rural’ es en realidad una categoría espacial/geográfica que no define en absoluto actividades económicas, dado que en las zonas rurales las actividades pueden ser agrícolas o no agrícolas». José Graziano DA SILVA, «Espacio rural y dimensión territorial del desarrollo en los países del Mercosur». En: Benjamín DAVIS (Ed.), Temas actuales y emergentes para el análisis económico y la investigación de políticas, Roma, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004: 123-124.
[8] Véase Chi-Yi CHEN y Michel PICOUET, Dinámica de la población…, op. cit., 351.
[9] Ibidem.
[10] José Graziano DA SILVA, «Espacio rural y dimensión territorial…», op. cit., 124.
[11] Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, Tomo 5, Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1737: 656.
[12] El paso de lo rural a la industrialización fue un proceso propio de la modernidad: «Antes y durante la formación de la sociedad industrial se realizó una profunda readecuación del orden agrario tradicional con objeto de reafirmar a la población rural en su propio medio. Visto ex post, el medio rural fue en medida importante la antesala de la industrialización para los países que emprendieron esa tarea». Emiliano ORTEGA, «La trayectoria rural de América Latina y el Caribe», Cuadernos de la Cepal, Nº 47, 1992: 126.
[13] Sobre el problema ver: Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 1985.
[14] Rómulo BETANCOURT, Venezuela, política y petróleo, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1956: 418 y 419.
[15] Néstor MARTÍNEZ, «El predominio de las ciudades. Los procesos de urbanización consolidada y subintegrada». En: Pedro CUNILL GRAU (Coord.), Geo Venezuela, Vol. 3, Caracas, Fundación Empresas Polar, 2008: 200.
[16] Cifras en Rómulo BETANCOURT, Venezuela, política y petróleo, op. cit., 519 y 520.
[17] Datos en F. BENET, Guía general de Venezuela, Leipzig, Imprenta de Oscar Brandestetter, 1929.
[18] «No solo el ferrocarril no estimuló la creación de un mercado interno, base imprescindible de la posibilidad del proyecto nacional, sino que conspiró contra éste, por una parte, al traspasar las barreras o la protección natural de los hinterlands, penetrando éstos para comunicar comarca y región con su puerto respectivo, lo que exponía a la región a la competencia mercantil desigual con el exterior». Samuel HURTADO, Ferrocarriles y proyecto nacional en Venezuela: 1870-1925, Caracas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 1990: 343.
[19] Rafael BALDERRAMA, «Los primeros doce años del Ministerio de Agricultura y Cría». En: Yajaira FREITES y Yolanda TEXERA (Comps.), Tiempos de cambio. La ciencia en Venezuela, 1936 a 1948, Caracas, Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1992: 121.
[20] Ibid., 122.
[21] Memoria de Instrucción Pública, Caracas, Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios para Hombres, 1935: 365.
[22] Luis BRAVO JÁUREGUI, «Política educativa escolar de hoy y de siempre: hacer lo que hay que hacer». En: Adriana BOLÍVAR, Carlos MANTEROLA, Consuelo RAMOS, Ligia M. SÁNCHEZ y Juan Francisco SANZ (Coord.), Humanismo y educación: seducción de futuro, Caracas, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 2004: 107-109.
[23] Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit., y Gastón CARVALLO y Josefina HERNÁNDEZ, Venezuela, de la agroexportación a la exportación de petróleo, Caracas, Cendes-Universidad Central de Venezuela, 1982.
[24] Censos Nacionales y F. BENET, op. cit. Cálculos propios. La población en 1891 fue de 2.323.527 habitantes; en 35 años, 139.230 personas migraron de estas zonas hacia otros lugares del país, representando un déficit demográfico del 5,99% sobre la población total.
[25] William M. SULLIVAN, «Situación económica y política durante el periodo de Juan Vicente Gómez. 1908-1935». En: Política y economía en Venezuela, Caracas, Fundación John Boulton, 1992: 253.
[26] «Se estima que para 1935 el dictador y sus secuaces poseían casi todas las tierras cultivables comprendidas entre San Fernando de Apure y Caracas; además de numerosos hatos en Guayana, haciendas en el Oriente y algunas fincas que cultivaban café en los Andes. (…) el General Gómez pronto asumió el control exclusivo de las industrias del jabón, papel, algodón, leche, mantequilla y fósforos; se convirtió en el único proveedor autorizado de carne para Puerto Cabello y otros mercados urbanos, y era el accionista mayoritario de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación». William M. SULLIVAN, «Situación económica y política…», op. cit., 265-266.
[27] Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, Memoria y Cuenta del año 1959. En: Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit., 25.
[28] De aquí surgirán las facultades de Agronomía y Veterinaria en la Universidad Central de Venezuela. Rafael BALDERRAMA, «Los primeros doce años…», op. cit., 125.
[29] José Antonio MAYOBRE, «Desde 1936 hasta el año 1976». En: Política y economía en Venezuela, Caracas, Fundación John Boulton, 1992: 275-292.
[30] Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit., 30. La Memoria de 1940 del Ministerio de Obras Públicas aclaró: «Si bien nadie puede negar… la gran importancia de la agricultura, la cría, la sanidad y educación, no es menos cierto que, primero que nada, debemos estar en capacidad de trasladarnos, económica y rápidamente a aquellos lugares donde la agricultura, la cría, la sanidad y la educación necesitan de nuestros esfuerzos». José GRASES, Arnaldo GUTIÉRREZ y Rafael SALAS JIMÉNEZ, Historia de la ingeniería estructural en Venezuela, Caracas, Academia de la Ingeniería y del Hábitat, 2012.
[31] Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit., 31.
[32] Ibid., 36.
[33] Destaca «el uso a gran escala de la penicilina a partir de 1942», y «la utilización masiva del DDT en la campaña antimalárica». Luis Alberto BUTTÓ, «Síntesis histórica de los cambios ocurridos en el Índice de Desarrollo Humano en Venezuela entre 1936 y 1945», Investigación y Postgrado, Vol. 17, Nº 2, Octubre 2002: 113-140.
[34] La Corporación Venezolana de Fomento perseguía «Estimular el arraigo al campo, y su regreso a él, de los hacendados expertos en faenas agrícolas, o de otros empresarios conocedores del trabajo de la tierra… Cooperar con el Banco Agrícola y Pecuario, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, y cualesquiera otras entidades, para que el crédito en el campo llegue hasta el más moderno agricultor». Rómulo BETANCOURT, Venezuela, política y petróleo, op. cit., 383.
[35] Datos en Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit.; Rómulo BETANCOURT, Venezuela, política y petróleo, op. cit.; Rafael BALDERRAMA, «Los primeros doce años…», op. cit.
[36] Ocarina CASTILLO, Agricultura y política en Venezuela, 1948-1958, op. cit., 37.
[37] José Alberto OLIVAR, Automovilismo, vialidad y modernización. Una aproximación a la historia de las vías de comunicación en Venezuela durante la primera mitad del siglo XX, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2014: 79.
[38] Betancourt organizó la Comisión Nacional de Vialidad y dio «continuidad administrativa a las obras que estaban en construcción: 13 carreteras con una longitud de 1.347 kilómetros, de los cuales se habían construido 553», lo que prosiguió como política en «el período dictatorial de Marcos Pérez Jiménez y durante los cuarenta años siguientes de gobiernos democráticos». Alfredo CILENTO y Juan José MARTÍN FRECHILLA, «El Plan Preliminar de Vialidad de 1947 y las comunicaciones desde el centro con la Región Andina», Boletín de la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat, Nº 41, 2018: 161.
[39] Véase: José Alberto OLIVAR, Automovilismo, vialidad y modernización…, op. cit., 82.
[40] Germán UZCÁTEGUI BRICEÑO, «El agua y los asentamientos humanos». En: Arnoldo GABALDÓN, Aníbal ROSALES, Eduardo BUROZ, José Rafael CÓRDOVA, Germán UZCÁTEGUI y Laila ISKANDAR, Agua en Venezuela. Una riqueza escasa, Vol. 1, Caracas, Fundación Empresas Polar, 2015: 452-479; José GRASES, Arnaldo GUTIÉRREZ y Rafael SALAS JIMÉNEZ, Historia de la ingeniería estructural en Venezuela, op. cit.
[41] Rómulo BETANCOURT, Venezuela, política y petróleo, op. cit., 429.
[42] El Programa del Partido Social Cristiano Copei de 1948, por ejemplo, contemplaba lo siguiente: «COPEI ve en el medio rural venezolano una fuente de grandes posibilidades nacionales. Consciente de los angustiosos problemas que aquejan nuestra población campesina y convencido de la necesidad de una reforma en los derechos de ésta y en el régimen de utilización y aprovechamiento de la tierra, sustenta la necesidad de una política de fomento rural y de reforma agraria para el engrandecimiento nacional». Naudy SUÁREZ FIGUEROA (Comp.), Programas políticos venezolanos de la primera mitad del siglo XX, Caracas, Colegio Universitario Francisco de Miranda, Universidad Católica Andrés Bello, 1977: 218.
[43] Entre 1936 y 1941 se crearon 3.486 escuelas primarias, ocho liceos y nueve planteles rurales; los estudiantes de secundaria alcanzaron la cifra de 5.700. En ese lapso fue creado, a su vez, el Instituto Pedagógico Nacional. José GRASES, Arnaldo GUTIÉRREZ y Rafael SALAS JIMÉNEZ, Historia de la ingeniería estructural en Venezuela, op. cit.
[44] José Eliseo LÓPEZ, Tendencias recientes de la población venezolana, Mérida, Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de los Andes, 1968: 83.
[45] Ibid., 146.
[46] Tomado y adaptado de La población de Venezuela, Maracaibo, Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, 1971: 72.
[47] Adaptado de Juan BLIZAGA, «Tasas de migración urbana por edad. Aspectos metodológicos y resultados de Colombia y Venezuela», Santiago de Chile, Documento de Celade, 1963: 18.
[48] El documento se titula «Hechos y tendencias de la economía venezolana», así lo reitera Betancourt a lo largo de toda su obra, y agrega que es un «trabajo realizado por una entidad internacional adscrita a las Naciones Unidas en 1950».
[49] Agustín BLANCO MUÑOZ, La dictadura: Habla el general, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1983: 171.
[50] Ocarina CASTILLO, Los años del Buldozer. Ideología y política 1948-1958, Caracas, Ediciones Faces/UCV, Fondo Editorial Tropykos, 2003.
[51] Oswaldo RAMOS OJEDA, «Movimiento general de la población del estado Mérida en el período 1936-1990», Revista Economía, Nº 10, 2007: 171.
[52] Néstor MARTÍNEZ, «El predominio de las ciudades…», op. cit., 203.
[53] Pedro ROMERO RAMOS, «La geografía del poblamiento de la Venezuela petrolera». En: Pedro CUNILL GRAU, Geo Venezuela, Vol. 1, op. cit., 313.
[54] Ibid., 312.
[55] Los cuadros 6 y 7 fueron tomados y adaptados de La población de Venezuela, op. cit.
[56] Nelson MARTÍNEZ, «El predominio de las ciudades…», op. cit., 205.
[57] José Eliseo LÓPEZ, Tendencias recientes de la población venezolana, op. cit., 81.
[58] José Ignacio BALDÓ, Juvenal CURIEL y Oscar LOBO CASTELLANOS, «La tuberculosis rural en Venezuela», op. cit., 67.
[59] Tomado y adaptado de La población de Venezuela, op. cit.
[60] Víctor MORLES, Eduardo MEDINA RUBIO y Neptalí ÁLVAREZ, La educación superior en Venezuela, Caracas, Informe Iesalc a la Unesco, 2003.
[61] Entre 1943 y 1983 «la población servida de agua potable pasó de medio millón a trece millones de habitantes, la servida por cloacas de prácticamente ninguna, a ocho millones de habitantes. Conjuntamente con otras campañas sanitarias el INOS coadyuvó a incrementar la expectativa de vida del venezolano desde 36 años en 1943 a 70 años en 1983, al mismo tiempo que la tasa de mortalidad disminuyó desde 15,4 al 5,5 por mil». Germán UZCÁTEGUI BRICEÑO, «El agua y los asentamientos humanos», op. cit., 464.
[62] Serie de estudios regionales. Sistemas ambientales venezolanos, Varios Tomos, Caracas, Ediciones Maraven, 1987. Según esta fuente, «en la Región Nororiental la vivienda y los servicios de acueductos y cloacas son deficitarios en casi todos los distritos, aún aquellos considerados como de mejores condiciones de vida», Tomo IV, 76.
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