De izquierda a derecha: Alirio Gómez Cermeño, Trino Jiménez Oliveros, José Ángel Ciliberto, José Perdomo, Leopoldo Correa, Gualberto González, José Salazar Luzón, Eligio Anzola Anzola, Leoncio Dorta, Tomás Alberti, Máximo Acuña, David Nieves y Ramón Quijada.
En esta fotografía, que estuvo en manos del editor José Agustín Catalá antes de llegar al Archivo Fotografía Urbana, solo hay hombres. Treinta y dos varones en total. Están en la vieja sede, en El Paraíso, de la Seguridad Nacional, dirigida por Pedro Estrada. Los de la primera fila son trece, exactamente los mismos que en esa otra imagen exclusivamente masculina: la última cena. La franja de los rostros, las edades de los trece, nos remiten de entrada al relato del evangelio. El fotógrafo, sin duda varón también, habrá disparado un tosco flash y ya está. Lo dice la palidez de los trece, en contraste con los 19 hombres encorbatados del fondo, que se ven más oscuros, más iguales entre sí, casi anónimos, piezas de la maquinaria del poder.
Delante de ellos, en primer plano, acorde al código que rige las imágenes de detenciones, se encuentra, alineada y bien acomodada, la cosecha de la requisa. Es un inventario incriminatorio. Tan violentas las armas como las máquinas de escribir, los aparatos de radiodifusión y los multígrafos. Los detenidos no solo estaban dispuestos a matar sino también a escribir y a divulgar ideas. Esto los perfila como sujetos de alta peligrosidad. Putchistas de la peor especie. No por nada los 31 fusiles están apuntando a los prisioneros, como una amenaza de fusilamiento.
El muro de infortunio que representan los presos ostenta la gama completa del blanco al negro. Más aún, se ve un elenco luminoso, en contraste con los de atrás, esa nómina tenebrosa que parece lista para echarse sobre la recién llegada provisión de carne fresca para la cámara de torturas (no hay que dejarse confundir por el flux, son muchos los testimonios que indican que se lo quitaban para arrojarse con saña sobre presos amarrados a una silla bajo un bombillo oscilante). Los funcionarios de la Seguridad Nacional componen una cuadrilla de sombras, una especie de coral trágica, como griega. Los rostros de los reos evidencian tensión, la angustiosa certeza de que una vez disipado el encandilamiento del flash serán arrastrados a las mazmorras de un régimen crudelísimo que tiene en la militancia adeca y comunista sus peores enemigos.
La foto se hizo a comienzos de abril de 1953 y el 29 de marzo fue luna llena. Deben haber sido detenidos la víspera de la luna llena, y cuando aquí posan, llevan casi una semana “a la sombra”. De allí las barbas de cuatro días. Los meses precedentes habían sido terribles para los partidos políticos venezolanos en general, y en particular para Acción Democrática, que estaba en el poder cuando se produce el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948. Ese mismo día, el partido pasa a la clandestinidad.
Muchos dirigentes con posiciones en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo son detenidos y algunos corren al aeropuerto. Ya el 7 de diciembre la Junta Militar de Gobierno ilegalizó a Acción Democrática y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se echó a la desbandada. Seis de sus catorces miembros fueron detenidos, cinco se refugiaron en las embajadas de Colombia, Chile y Guatemala, Valmore Rodríguez y Luis Lander trataron fallidamente de conformar un gobierno en Maracay, con militares leales al gobierno depuesto, pero terminaron también en la cárcel; y el Secretario General, Luis Augusto Dubuc, fue detenido el 18 de enero de 1949. El 27 de noviembre de ese año, la Secretaría General del CEN será asumida por Leonardo Ruiz Pineda, quien la ejercerá por tres años exactos, hasta el 21 de octubre de 1952, cuando es asesinado por la policía perezjimenista.
Al día siguiente de decretarse la ilegalización de AD, el 8 de diciembre de 1948, esta organización difundió un manifiesto donde establecía su propósito de resistencia. “Nuestro partido declara ante la nación que desde esta misma fecha inicia su labor política de carácter clandestina, encaminada a organizar la vanguardia combativa del pueblo, para recuperar las libertades públicas y el régimen de soberanía política hoy usurpado. En esta lucha que hoy iniciamos nuestro partido se batirá con las armas de combate que le son características. Vamos a organizar la opinión pública en escala nacional como fuerza de acción permanente. Vamos a movilizar todos los recursos de la agitación y orientación al servicio de la liberación nacional. Vamos a desencadenar la acción permanente en todos los frentes de lucha, hasta lograr que la crisis política de la nación desquicie el precario régimen de dictadura asentado sobre bases tambaleantes”.
Al cumplirse 30 años del asesinato de Ruiz Pineda, Sofía Ímber y Carlos Rangel invitaron a Ramón J. Velásquez, su programa Buenos días, que se transmitía por Venevisión. El historiador contó que Ruiz Pineda había integrado el primer grupo de prisioneros, constituido fundamentalmente por los ministros del Gabinete. “Al cabo de seis meses, le conceden la libertad e inmediatamente se sumerge en la clandestinidad de donde no lo va a sacar sino la muerte”. Según Velásquez, Ruiz Pinera haría una resistencia muy singular, “porque él se empeña desde un principio, con una gran audacia, en hablar, en los momentos más difíciles y cuando la persecución es más enconada, con los adversarios”. Ese año de 1950, apuntó el entrevistado, Ruiz Pineda “está fundando, en unión de Alberto, dos aparatos. El de Alberto se va a llamar Aparato Especial y es el de una posible conspiración militar. El de Leonardo es la movilización del país”.
Los presos de la foto son integrantes de ese Aparato Especial. De hecho, al ser detenidos por la Seguridad Nacional, en abril de 1953, son acusados de promover actos subversivos y terroristas que llevarían a cabo el 19 de ese mes. En el envés de la foto hay una anotación de Catalá donde este dice que “el lote de armas se encontraba oculto en una vivienda entre Petare y Guarenas” y que, según la policía política, la acción programada para el 19 de abril tenía como objetivo llamar
la atención pública sobre la grave enfermedad del dirigente Alberto Carnevali, preso
en la cárcel de San Juan de los Morros, donde le negaban atención médica.
Dejemos que sea Alfredo Angulo Rivas, en su libro ‘Adiós a la utopía’, (Colección Trópicos Alfadil Ediciones Universidad de los Andes, Caracas 1993), quien nos explique lo que era aquel artefacto beligerante. “Mientras L. Ruiz Pineda asume la secretaría general del partido para reconstruirlo, Alberto Carnevali acomete la tarea de formar un Aparato Especial cuyo objetivo era provocar actos insurreccionales. El pliego de instrucciones aprobado por el secretariado general del comité ejecutivo nacional, detectado luego por la Seguridad Nacional, es un meticuloso instructivo para el logro de tales objetivos. Allí se determina la creación de una estructura paralela con base en un organismo llamado comité especial. Sus funciones, en cada región, se abrían en dos vertientes: establecer contactos con oficiales, clases, soldados y policías, de una parte; realizar tareas de finanzas especiales, por la otra. La estructura adquiere entonces un diseño semejante a la institución castrense. Así el equipo humano es organizado en brigadas de carácter militar y se establece un criterio de preferencia a favor de los militantes reservistas adiestrados en el manejo de armas. Sin descontar la captación del personal auxiliar para operaciones técnicas, en los casos de tele y radiotelegrafistas, operadores de plantas transmisoras y eléctricas, se enfatiza el aprovisionamiento de armamentos. El instructivo dice al respecto: ‘En esta materia no debemos apegarnos a fórmulas rígidas o exigencias técnicas, CORTAS, LARGAS, EXPLOSIVAS, DE CACERÍA, BOTELLAS CON GASOLINA, TUBOS, TROZOS DE HIERRO, GARROTES, etc., deberán ser objeto de atención en cuanto a este trabajo’”.
Así llegamos al año 1952, que no pudo ser peor para quienes tuvieran una mínima aspiración de democracia en Venezuela. Cuatro años después de darle el golpe de estado Gallegos, el régimen decide hacer una elecciones para lavarse la cara. “La campaña electoral”, dice Ocarina Castillo D’Imperio, “se realizó en medio de actos represivos, atentados terroristas y dos conatos insurreccionales en los cuarteles de Maturín y en la Base Aérea de Boca de Río en Maracay, ya que la estrategia de AD fue apoyar la insurgencia armada y obstaculizar la realización de las elecciones por considerar que legitimaban el gobierno militar. Con ese fin organizaron una serie de acciones que involucraron militares, estudiantes y población civil, que incluyeron atentados a la Junta, brotes de insurgencia civil en Tunapuy, Tunapuicito, Río Caribe y Saucedo en el estado Sucre, así como la toma del puesto de la Guardia Nacional en Turén”.
–Estas acciones –sigue Ocarina Castillo D’Imperio- en su mayoría fueron promovidas y organizadas por el llamado Aparato Especial, causando algunas discrepancias y tensiones al interior del partido, cuya dirigencia no compartía plenamente esas prácticas, las cuales motivaron la intensificación de la represión por parte del gobierno, que logró el desmantelamiento de la organización clandestina, la cual quedó virtualmente destruida, perdiendo algunos de sus más importantes dirigentes como Leonardo Ruiz Pineda.
Las “elecciones” tuvieron lugar el 30 de noviembre de 1952, un mes después de que Ruiz Pineda fuera asesinado en la parroquia de San Agustín del Sur. Mientras contaban los votos, al verse perdido ante la victoria de URD, el régimen suspendió el escrutinio y divulgó los resultados que mejor le pareció, según los cuales el Gobierno ganaba de rabo alzado (no por nada Betancourt había calificado el evento de “farsa electoral”); y el Estado Mayor de las fuerzas armadas nombró nombrar a Marcos Pérez Jiménez Presidente Provisional, sería ratificado en el cargo en enero del año siguiente. En abril se aprobó la nueva Constitución y dos días Pérez Jiménez fue nombrado Presidente Constitucional de Venezuela.
A raíz de la muerte de Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, quien lo sustituyó como secretario general del partido, proclamó: “Juramos serena y resueltamente que no desmayaremos en ningún momento hasta lograr el ideal revolucionario de la liberación de nuestro pueblo, por el cual rendiste tu vida tan noble y gloriosa”. Era una manifestación del compromiso de elevar la moral de la militancia, golpeada como nunca por la fiesta de represión del régimen. Y Ramón J. Velásquez tronó: “Leonardo era el pueblo, invulnerable, avasallante. Leonardo asesinado es bandera y grito de victoria, y ejército innumerable”. Eran dos troneras sangrantes para Acción Democrática. El asesinato del líder y el proceso electoral fraudulento. Y, entonces, el 18 de enero de 1953, el régimen detiene a Alberto Carnevali. La represión ya está desatada. Betancourt lo llamará “la razzia”.
En ese clima caen presos estos hombres y les incautan la emisora clandestina, los equipos para una redacción de campaña, doce cajas de explosivos, cuatro cilindros (¿niples?), y 36 botellas con mecha (bombas molotov). Las malas lenguas dijeron entonces y a veces lo repiten por ahí que fueron delatados por un compañero. Los trece adecos fueron apresados en abril y Alberto Carnevali sucumbió al cáncer el 20 de mayo de 1953. Tenía 38 años.
En 1953, cuando ya el régimen se había “legitimado” con su respectiva Constituyente, “la policía”, escribe Manuel Caballero, en ‘Rómulo Betancourt, político de nación’, “había obtenido algunas resaltantes victorias apresando y en ocasiones matando o dejando morir en la cárcel algunos de sus más conspicuos dirigentes: Eligio Anzola Anzola en el primer caso, Alberto Carnevali, en el segundo”.
–Por supuesto, -agrega Caballero- ni qué decir que, con la liquidación de su dirección política, el llamado Aparato Especial de AD (es decir la militancia armada que había intentado constituir después de 1948) también había sido liquidado. La dictadura parecía instalarse en forma vitalicia.
Pero cinco años más tarde, algunos de estos trece hombres estarían en cargos de gobierno, otros fueron elegidos al Congreso Nacional y otros aparecerían entre los firmantes de la Constitución Nacional del 61.
