1. Tras concluir la presidencia de aquella Venezuela pujante que había gobernado entre 1969 y 1974, al asistir a un foro organizado por la Universidad Iberoamericana, Rafael Caldera (1916-2009) retomó, en Reflexiones de La Rábida (1976), una ensayística sociológica cultivada desde sus inicios en la democracia cristiana. Siempre preocupado por la relación entre ciencias sociales y política, pero viendo ahora en perspectiva el discutido nivel de desarrollo del país que había conducido, el expresidente hizo notar que el ingreso nominal no era determinante del estatus social de la familia venezolana. Ello en vista de que cantidad de beneficios provistos por el Estado –educación básica, media y universitaria; atención médica, hospitalaria y farmacéutica; “vivienda higiénica, gratuita o subsidiada; la que dispone de servicios subsidiados”– alcanzaba un ingreso real y un estatus social muy superior.
El razonamiento era correcto desde el punto de vista económico, aplicable a muchos Estados de bienestar consolidados desde la segunda posguerra en países de la primera industrialización. Desde el temprano modelo de Suecia hasta el más reciente de Japón, en esos casos la “madurez” del desarrollo, tras el “despegue” –según las fases distinguidas por Walt Whitman Rostow en The Stages of Economic Growth (1960)– se había traducido en una modernización y tecnificación de sectores industriales, mientras se diseminaban beneficios sociales allende el incremento en el consumo.
Pero esa secuencia no parecía extensible, lamentablemente, a la Venezuela petrolera, “despegada” desde la década de 1960, pero distante de alcanzar esa “madurez” económica y social preconizada por Rostow. En este sentido, no obstante su elevado ingreso per cápita, entre los más altos de Latinoamérica, Venezuela seguía siendo un país subdesarrollado, donde muchos de los supuestos beneficios señalados por Caldera eran atendidos deficitariamente por agencias estatales, si no paliados por maquinarias clientelares de partidos políticos. Sin embargo, la relativa continuidad en las obras públicas, incluso desde la era de Juan Vicente Gómez (1908-35), imprimían al país una dirección modernizadora, como supo ver el mandatario demócrata-cristiano.
2. Durante su presidencia, se había preocupado Caldera por un informe de la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU), donde se señalaba que Caracas, para comienzos de la década de 1970, albergaba 130 mil ranchos, equivalente al 30 por ciento del total de viviendas capitalinas. Era una cifra alarmante y hasta vergonzosa, especialmente al considerar que el Nuevo Ideal Nacional se jactaba de haber dejado apenas siete mil, según recordara el mismo Pérez Jiménez desde su exilio madrileño. Pero la situación era peor de lo que el entonces Presidente llegó a pensar. Frisando incluso las 580 mil unidades en zonas de ranchos definidas en el Plan general urbano de Caracas 1970-1990, elaborado por la misma OMPU –lo que representaba 22 por ciento de la población del Área Metropolitana de Caracas (AMC) para 1966– la magnitud de la vivienda informal confirmaba un déficit habitacional que –según Leopoldo Martínez Olavarría, director del Banco Obrero– ya para finales del período de Rómulo Betancourt alcanzaba 800 mil viviendas a nivel nacional.
Tras convocar al director de la OMPU, Caldera se alivió pensando que en los así llamados “ranchos” estaban siendo incluidas “muchas viviendas con piso de mosaico, platabanda, varias plantas, diversas habitaciones y todas las comodidades, pero ubicadas en áreas marginales”. Era un ejemplo, para el catedrático de sociología, de que las ciencias sociales debían hacer más ajustadas y precisas sus definiciones, ya que la diferencia de conceptuaciones en el criterio “podía conducir a una evaluación sustancialmente diferente del problema y, consecuencialmente, a una programación totalmente distinta”. Pero no podía escamotear el político veterano aquella herencia nefasta, engrosada por su propia administración, a pesar de que uno de sus lemas electorales había sido la construcción de “100 mil casas por año”.
Si bien esa promesa devino chanza política de marras, la meta habría sido superada en 1973, cuando fueron entregadas 107 mil viviendas, según se afirma en Frente a Chávez (2015), cuarto volumen de la Biblioteca Rafael Caldera. Ellas incluyeron la urbanización Trapichito, en Ciudad Fajardo, con 2.492 unidades, así como, durante el resto del quinquenio, la conclusión de la urbanización Los Jardines de El Valle y la segunda etapa de Caricuao, por mencionar ejemplos de la Gran Caracas. Con todo y ello, como bien sabía el estadista, el déficit habitacional continuó siendo una de las promesas incumplidas de la democracia inaugurada en 1958.
3. Pero hubo otros frentes urbanos donde las obras públicas de la primera administración de Caldera resultaron más contundentes, mientras continuaban el impulso de gobiernos anteriores. En base a estimaciones de José Curiel, ministro de Obras Públicas durante aquel quinquenio, “se construyeron 26 nuevos hospitales, más de 3 mil edificios educacionales y más de 2 mil quinientos kilómetros de vías”, según se afirma en el mencionado volumen de la Biblioteca Rafael Caldera. La vialidad expresa incluyó la inauguración de los distribuidores Baralt Sur y Veracruz o “El Ciempiés”, empalmando la autopista Francisco Fajardo con la de Prados del Este; fueron seguidos en 1973 por la prolongación hasta la urbanización El Marqués de la avenida Boyacá, conectando con la autopista Francisco Fajardo, la cual fue provista de un segundo nivel.
El centro capitalino fue realzado con hitos culturales del Foro Libertador, incluyendo la nueva sede del Ministerio de Educación y la Casa de Bello, al final de la nueva avenida Panteón. Prolongando la centralidad corporativa extendida al este del casco histórico, aparecieron en 1969 los edificios de El Universal y el hotel Hilton, en las avenidas Urdaneta y México, respectivamente; fueron seguidos en 1970 por la Electricidad de Caracas, del arquitecto Tomás Sanabria, en San Bernardino. En San Agustín despuntaron, en 1972, las primeras torres de Parque Central, de los arquitectos Daniel Fernández-Shaw, Enrique Siso, Tomás Lugo, José Lazo y Tony Blanco, bajo la coordinación del Centro Simón Bolívar (CSB). Además de coronar los rascacielos capitalinos y remplazar la postal moderna del Centro Simón Bolívar, heredada de la década de 1950, Parque Central consolidó en Caracas la combinación de residencia, comercio y servicios en un solo conjunto. Y ello incluía las actividades culturales, tal como lo probó la inauguración en sus predios del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (MACC) y el Museo de los Niños, así como la nueva ala del Museo de Bellas Artes en las inmediaciones, según diseño del maestro Carlos Raúl Villanueva. La renovación cultural capitalina incluyó el “Poliedro”, diseñado por Jimmy Alcock y Richard Buckminster Fuller, que desde 1974 atrajo a La Rinconada a los 13.500 espectadores que abarrotaban los conciertos frecuentes en la urbe boyante.
4. Las ciudades del interior fueron beneficiarias de infraestructura y obras arquitecturales significativas, de las que solo caben aquí algunos ejemplos, entre otros enumerados por María Elena González Deluca en Venezuela. La construcción de un país… (2013). Junto a las avenidas La Limpia, Padilla, Universidad, Unión y Guajira, en Maracaibo fue inaugurado en 1970 el aeropuerto de La Chinita, para 700 mil pasajeros al año, iniciado en 1966. Desde 1970 la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) contó con su edificio sede en Puerto Ordaz, diseñado por Jesús Tenreiro Degwitz, siendo al año siguiente inaugurado el hotel Intercontinental Guayana.
Desde comienzos de la década de 1970 fueron ampliados los puertos de La Guaira y Puerto Cabello, así como construido el Puerto Internacional Turístico de Margarita, la cual fue también dotada del aeropuerto Santiago Mariño. En comunicaciones destacaron las autopistas Valencia-Campo de Carabobo, la Barquisimeto-Yaritagua y la primera parte de la Intercomunal Coro-Punto Fijo. Y en el sector asistencial, además de los hospitales Pérez Carreño y Los Magallanes en Caracas, fueron inaugurados los hospitales generales de Maracaibo, Coro y La Victoria, entre otros aportes citados en el referido volumen de la Biblioteca Rafael Caldera.
5. Más allá del emblemático proyecto de Ciudad Guayana, Venezuela transitó, desde inicios de la década de 1960 hasta mediados de la siguiente, un sostenido progreso, no solo en la obra pública, sino también en la incorporación territorial a la planificación económica. Impulsados por el ejemplo del Estatuto orgánico del desarrollo de Guayana que dio origen a la CVG, se consolidó, entre 1964 y 1970, una “regionalización por cuotas” –al decir de Nelson Geigel Lope-Bello en Planificación y urbanismo (1994)– la cual fue promovida desde los niveles locales de gobierno. Este impulso llevó a la constitución de organismos regionales que eventualmente fueron reconocidos por la administración central: la Corporación de Desarrollo de los Andes (Corpoandes), el Consejo Zuliano de Planificación y Promoción (Conzuplán), la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental (Fudeco) y la Corporación para el Desarrollo de la Región Nororiental (Corporiente).
Tal proceso fue abiertamente apoyado desde la administración central durante el gobierno de Caldera, cuando fue promulgado, el 12 de junio de 1969, el decreto de regionalización administrativa. Este dividió el territorio nacional en ocho regiones que reagrupaban los estados político-administrativos; a saber: capital, central, centro-occidental, zuliana, los Andes, sur, nororiental y Guayana. En este nuevo marco territorial fue creada Corpozulia, en 1969, así como, tres años más tarde, la Corporación de Desarrollo de la Región de Occidente (Corpoccidente). Al mismo tiempo, el gobierno de Caldera puso en marcha el programa “La conquista del sur”, buscando incorporar el estado Bolívar y el entonces Territorio Federal Amazonas al desarrollo económico y territorial.
Obras estratégicas de diversa naturaleza apuntalaron esa nueva conformación regional a lo largo de la década de 1970. Mientras se modernizaban aeropuertos y aeródromos en varias ciudades, lo cual obviamente facilitaba la integración territorial, la estación rastreadora de Camatagua, establecida en 1970 en el estado Aragua, permitió el Discado Directo Internacional (DDI). La nueva etapa de la represa de Guri fue contrapunteada con el programa agroforestal Uverito, entre los estados Anzoátegui y Monagas, concebido por el ingeniero José Joaquín Cabrera Malo desde la CVG y el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC). Si bien decretada su creación en 1967, el inicio de actividades de la Universidad Simón Bolívar, en enero de 1970, incluyó desde mediados de la década la carrera de Urbanismo, donde los temas regionales tuvieron especial consideración. Y en el estado Zulia fue emblemática la primera etapa del complejo petroquímico El Tablazo, inaugurada en 1973, incluyendo dos plantas de amoníaco y dos de urea.
Eran todos proyectos que buscaban proveer a Venezuela de la base económica y comunicacional, académica y urbana para la regionalización tan en boga por aquellos años. Porque como señalara el autor en Reflexiones de La Rábida, “la regionalización puede constituir un instrumento idóneo para los procesos en desarrollo”. Y de Parque Central a El Tablazo, pasando por la conquista del sur, ese desarrollo era, tanto en aquel quinquenio de Caldera, como en los antecedentes y posteriores, un horizonte alcanzable para la Venezuela del siglo XX.
